Campoy plantea un protocolo de atención a empresas, pymes y autónomos

Zaragoza, 15 de junio de 2021.- Javier Campoy, portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, planteo esta tarde al Gobierno autonómico la puesta en funcionamiento de un protocolo integral de atención a empresas, pymes y autónomos en crisis con el objetivo de ‘garantizar la supervivencia de las empresas y de los autónomos que puedan tener viabilidad y, en su defecto, la reubicación de las personas que se hayan quedado en paro’, según consta en la propuesta defendida en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico. La iniciativa parlamentaria “se ha aprobado en otros parlamentos, que ha presentado el Partido Socialista y que el Partido Popular ha votado a favor. Vamos a ver aquí que es lo que vota el Partido Socialista y si de verdad les preocupa el motor económico de Aragón”, señaló el diputado popular, y en un acto de incoherencia el Partido Socialista junto con sus socios de Podemos, CHA y PAR votaron en contra.

El argumento defendido por Campoy supera el debate inicial de las ayudas para empresas y autónomos en situación de crisis profunda para ampliarlo al conjunto del sector productivo aragonés, “es algo tan serio como analizar cómo están las empresas, tomar el pulso a las empresas de una comunidad autónoma para ver cuáles funcionan bien, porque muchas veces no ayudamos a las que están funcionando bien, a las que no están necesitando ayudas y ahora sí que habría que darles alguna ayuda porque han tirado de jamón enlatado, han tirado de ahorros” y es que, en mayor o menor grado, las consecuencias de la pandemia han afectado a la inmensa mayoría de las pymes y autónomos de Aragón.

“Si presentamos una iniciativa buena los de la oposición, que ha presentado el PSOE en otras comunidades autónomas hace nada y la han votado todos a favor, ¿por qué no van a votarla a favor? ¿Tienen también que ser sectarios ustedes hasta ese nivel y votar en contra simplemente porque la presenta el Partido Popular?”, reprochó a PSOE, Podemos, CHA y PAR.

El texto legislativo defendido por el portavoz del Partido Popular señalaba que ‘el cierre de una empresa grande siempre es una situación dramática. La pérdida de empleo afecta a cientos de familias de manera directa y muchas de manera indirecta (auxiliares, subcontratas, proveedores, hostelería...), y produce efectos en el conjunto de la comarca o ciudad donde se asienta, dado el carácter tractor que tienen estas empresas. Si la empresa es mediana o pequeña, los efectos son los mismos; y si hay muchas pequeñas, los efectos se multiplican. Esto es lo que está sucediendo en Aragón. Multitud de autónomos y de empresas pequeñas están en una situación dramática’.

LA CRISIS DE EMPLEO PERSISTE

Una crisis cuyo efecto inmediato se traslada al mercado regional de trabajo que permanece estancado desde hace un año, como consecuencia de los efectos negativos de la COVID-19, y además se encuentra dopado por el mantenimiento de los ERTE que en Aragón superan los 10.000 trabajadores según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Otras cifras que describen el mal comportamiento en la recuperación de empleo en Aragón respecto a otras comunidades autónomas citadas a menudo por el portavoz económico popular son el elevado ritmo en destrucción de empleo en la región durante los primeros meses de 2021 lo que viene lastrando la recuperación, o que casi la mitad de los desempleados aragoneses sean de larga duración lo que complica su reincorporación al mercado laboral.

Una situación de crisis para las más de 78.000 personas registradas en la oficina regional del Servicio Público de Empleo Estatal a las que el Gobierno autonómico sigue sin ofrecer una respuesta, en opinión del Partido Popular, a la vista de las muy escasas acciones gubernamentales de contención habilitadas durante la pandemia. Campoy sostiene que es la capacidad de regeneración del propio tejido productivo aragonés la que está impulsando la reconstrucción económica pues las empresas aún siguen sin recibir las ayudas a la reconstrucción anunciadas por la Unión Europea o por el Gobierno de España, mientras que por parte del Gobierno aragonés ni siquiera se han habilitado líneas compensatorias extraordinarias.