Duda del compromiso de los gobiernos socialistas para luchar contra la despoblación
Zaragoza, 23 de septiembre de 2021.- El sustancial aumento de la factura de la luz afecta de forma considerable a agricultores y ganaderos que, lejos de contar con el respaldo de los gobiernos socialistas, se ven obligados a dirigirse al Defensor del Pueblo para garantizar sus derechos. De las repercusiones negativas que para las cuentas finales del sector primario supone este fuerte incremento dio cuenta Ramón Celma, portavoz de Agricultura del Partido Popular en las Cortes de Aragón, que hoy ante el pleno de la Cámara planteó activar la doble facturación eléctrica y así adecuar el modelo de tarifación a las especiales características del sector agroalimentario, aprobar medidas transitorias que eviten incrementos en la facturación eléctrica mientras se aprueba esta activación, adoptar acciones de bloqueo ante las consecuencias negativas de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del anunciado Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional y, por último, financiar la construcción de nuevos regadíos y la modernización de los existentes con cargo a los fondos Next Generation.
Ninguna de estas medidas paliativas propuestas por el Partido Popular tuvo el respaldo de PSOE, Podemos, CHA y PAR, que votaron en contra de la iniciativa y, por lo tanto, rechazaron aligerar el precio de la energía para agricultores y ganaderos.
Celma puso como ejemplo concreto del sobrecoste generado al sector agrario, como consecuencia de la gestión del Gobierno, los 150 euros extra sobre los 450 iniciales que un ganadero de vacuno de leche con una explotación de 80 cabezas deberá afrontar en su factura de energía a partir de ahora. Otra muestra de esa repercusión negativa es que la factura de la luz ha convertido a las explotaciones agrarias españolas en las segundas de la Unión Europea que más gasto sufren en concepto de suministro de energía eléctrica.
Este cargo añadido se suma al aumento de costes y bajadas de precios que desde hace años sufre el sector en su conjunto al que en el corto plazo se sumará la nueva imposición que prepara la Ley de Cambio Climático.
“Hay una cosa sencillísima y es que regulen, en el caso de las explotaciones agrícolas, la ley que aprobó un Gobierno del Partido Popular en 2018 que permite esa doble tarificación a las explotaciones agropecuarias”, resumió el portavoz popular de Agricultura como medida inmediata y factible a adoptar.
EL GOBIERNO FAVORECE LA DESPOBLACIÓN
Por encima del hecho concreto de la subida del precio de la luz el parlamentario aludió al camino irreversible hacia la despoblación que el actual Gobierno de España impulsa con la ausencia de respuestas efectivas ante el aumento precio de la energía y con una legislación cada vez más restrictiva con la actividad agraria porque, señaló, “son todo costes de producción que se aumentan para los agricultores con unas perspectivas de menos ayudas y menos margen de beneficio”.
Existen alternativas confirmadas frente a la despoblación, trasladó Ramón Celma al Gobierno de Aragón, como la agricultura de regadío que multiplica por más de seis la incorporación de jóvenes al medio rural frente al resto de áreas de cultivo, “y en las zonas donde hay regadío, la densidad poblacional es tres veces superior a las de secano. Pues aquí hay una evidencia de un tipo de política que hay que apoyar”. Finalmente dudó de la seriedad del Gobierno aragonés “cuando hablan de despoblación, cuando hablan de potenciar la economía en los municipios para que la gente tenga oportunidades y pueda quedarse a vivir. ¿De verdad se creen este discurso?”.
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