Las Cortes apoyan la iniciativa de Romero para solventar los atascos de expedientes en el INAGA

Zaragoza, 30 de noviembre de 2021.- Tres propuestas razonables del Partido Popular para desatascar los más de 5.000 expedientes que el INAGA tiene pendientes de resolver: aplicar la ley de simplificación administrativa en todo lo que compete al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), establecer un plazo máximo de seis meses para la resolución de todos los informes que acumulan retraso y cumplir estrictamente con los plazos marcados en la propia Ley del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para la resolución de los documentos.

Las tres iniciativas, planteadas esta tarde en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón a través de una proposición no de ley defendida por el diputado popular Antonio Romero, obtuvo el respaldo unánime de la Cámara y en consecuencia vincula al Ejecutivo con su puesta en marcha y aplicación.

“No es admisible que alguien que quiera iniciar un negocio se frustre, se canse antes de empezar y se vea obligado a abandonar su iniciativa, y creo que algún caso conocemos” señaló Romero para reclamar la gestión positiva de los miles de informes pendientes que acumula sin resolver el organismo que tutela el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como tampoco resulta aceptable que un ayuntamiento pueda perder una subvención por el retraso en recibir la comunicación oportuna de este organismo, señaló como otro ejemplo.

Los más de seis años de gestión del Partido Socialista en Aragón no han logrado solucionar el colapso administrativo que sufre el INAGA. Al revés, han conseguido “cronificarlo” y duplicar el número de expedientes pendientes de resolución respecto a 2015, lamentó el diputado popular, que alertó sobre las severas limitaciones que esta situación provoca al territorio, “impide la generación de empleo y favorece la despoblación, y está desincentivando las posibilidades de desarrollo de nuestra comunidad autónoma”.

Cada vez más documentos en situación de trámite a la espera del correspondiente informe oficial y al mismo tiempo aumenta el tiempo de demora que sufren los solicitantes, significó como principal características de esta entidad de derecho público, pese al esfuerzo y trabajo realizado por sus funcionarios. Frente a la creciente demanda de solicitudes la respuesta del Gobierno de Aragón durante estos últimos seis años ha sido, explicó el diputado, “mantener el mismo personal, disminuir el presupuesto del organismo público a niveles de hace una década o recortar las contrataciones externas”.