Las Cortes apoyan a los profesores interinos técnicos de formación profesional frente a la ley Celaá

Zaragoza, 16 de marzo de 2021.- Primera contraindicación de la ley educativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de los profesores interinos técnicos de formación profesional que, como explicó esta mañana la portavoz de Educación del Partido Popular, Pilar Cortés, verán limitada severamente su capacidad de acceso al cuerpo de profesores de secundaria como alternativa a su extinción profesional decretada por la LOMLOE.

Una decisión estatal que ha generado serias incertidumbres en el sector “y que provocará desigualdades y confrontación dentro del propio sistema educativo en las distintas comunidades autónomas pues puede darse el caso de que profesorado que desarrolla las mismas funciones pueda tener situaciones laborales distintas dependiendo de si son funcionarios o de si cumplen o no con los requisitos establecidos”, hasta llegar a la situación de “profesores interinos que actualmente vienen desarrollando su trabajo y que no tienen titulación universitaria, y que con la ley Celaá verán imposible acceder a unas oposiciones”, explicó Cortés.

Razones más que suficientes para que la diputada popular contara esta mañana con el respaldo del Parlamento autonómico a los argumentos más sustanciales de una proposición no de ley que, en su primer punto, planteó ofrecer una solución para que los profesores técnicos de formación profesional permanezcan en las listas de interinos que se convoquen en los próximos años y, en segundo lugar, acordaba el mantenimiento de esas listas de interinos de los docentes que accedieron como técnicos superiores de formación profesional.

Según explicó Pilar Cortes en su intervención, la ley Celaá rechaza la integración directa de los funcionarios del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y obliga a las autoridades educativas de cada comunidad autónoma a establecer un procedimiento de acceso específico, lo que podría suponer perjuicios económicos respecto a las retribuciones de estos docentes. Un segundo aspecto negativo de la norma son las restricciones por titulación que afectaría a los diplomados cortando su acceso a la función pública, “la ley no establece las titulaciones equivalentes por lo que todo el profesorado que no tenga título de grado, licenciatura o equivalente a efectos de acceso a la función pública no podrá acceder”.

Finalmente, la portavoz popular de Educación defendió la necesidad de contar perfiles prácticos “tanto en conocimientos como destrezas y competencias que exige una formación profesional en el Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF) de nivel 5, cuando habla de un cuerpo docente adaptado a las necesidades formativas capaz de responder a los nuevos perfiles profesionales que demanda una sociedad tan cambiante”, un aspecto relevante que obvia la ley Celaá.