1 de octubre de 2024.- La Comisión de Educación de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde una iniciativa del Partido Popular por la que se pide al Gobierno de España que modifique la LOMLOE y derogue la Disposición Adicional cuarta de la misma para garantizar la libertad de elección. Además, insta al Gobierno de Aragón a garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial, dotándolos de los recursos necesarios y teniendo en cuenta en el proceso de escolarización de alumnos con necesidades especiales la voluntad de las familias con independencia del centro.
La libertad de elección viene garantizada en el artículo 27 de la Constitución Española, la diputada del Partido Popular, Susana Gaspar, ha señalado que “la reforma educativa de la LOMLOE supone un trato discriminatorio a las familias con hijos con necesidades educativas especiales, hurtándoles el derecho a elegir el modelo de educación que quieren que sus hijos reciban”.
“Esta Ley establece que la administración”, asegura Gaspar, “de manera intervencionista, asumirá la decisión y sólo tendrá en cuenta la voluntad de aquellas familias que muestren su preferencia por el régimen más exclusivo”.
Así, se excluye la capacidad de elección de las familias que consideren que su hijo debe asistir a centros de educación especial, “generando una dicotomía entre la inclusión y la libertad de elección de los padres en aras a preservar el interés superior del menor”. Además, se margina así a los centros de educación especial, “cuya existencia se ve avocada a la excepcionalidad”.
“Lo que pretende la LOMLOE es utópico”, reitera la diputada popular, “claro que lo ideal sería la inclusión de todos los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios. Pero, no todos los alumnos son iguales y es obligación del sistema educativo atender a cada uno en su diversidad; tampoco todas las discapacidades son iguales, y hay alumnos que requieren una atención muy especializada que no siempre se puede recibir en los centros ordinarios por muchos recursos que dispongan”.
“La voluntad de las familias debe ser tenida en cuenta siempre, con independencia de la preferencia que demuestren”, concluye Gaspar, “porque elegir un centro de educación especial para sus hijos no implica discriminarlos, si no querer garantizar una atención educativa de calidad en la que se individualiza el trato al alumno y se atienden a las necesidades específicas que su hijo o hija necesita”.
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