Ledesma reivindica la asistencia jurídica gratuita que el Gobierno menosprecia

Zaragoza, 25 de noviembre de 2021.- Reprimenda del Partido Popular al Gobierno autonómico por su desapego con la asistencia jurídica gratuita y, más en concreto, por la “brecha cada vez más grande” existente entre el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales con los abogados y procuradores pero también con los colegios profesionales que les representan.

Es, como señaló el parlamentario popular, Fernando Ledesma, a la consejera de Presidencia que esta mañana comparecía ante el pleno de las Cortes de Aragón a petición de tres grupos parlamentarios, “un servicio público, como lo es la sanidad o la educación, donde los ciudadanos destinatarios son una parte muy concreta de la sociedad. Esa parte de la sociedad más vulnerable, con menos capacidad económica de pelear y defender sus derechos frente a quienes los atacan”. Calificó además de ejemplar la respuesta de los profesionales sanitarios pese a los incumplimientos del Gobierno aragonés, “el ciudadano va a recibir el servicio exactamente igual si lo cobra o no lo cobra el abogado”.

Un servicio público que para su ejercicio precisa de una especialización concreta por parte de los diferentes operadores judiciales, pero también en la Administración autonómica “requiere de una persona que conozca el funcionamiento para tratar el problema”, y es aquí donde Ledesma puso en duda la capacidad de la responsable directa de la gestión de la justicia gratuita en el Departamento de Presidencia para tramitar de manera óptima esta prestación.

En este punto el parlamentario popular discrepó sobre la valoración positiva de la titular de la consejería frente a la visión menos complaciente que trasladan los propios colegios de abogados y sus colegiados, como únicos prestadores del servicio, debido entre otras cuestiones a la diferente remuneración de determinados trabajos o al impago de otros según el criterio del Ejecutivo y, además, con retraso en los pagos y estancamiento de las tarifas desde hace cinco años.

Tampoco consideran estos profesionales adecuado “como obliga la Administración autonómica a prestar este servicio en el territorio y en las tres capitales de provincia”, así como el sistema y extensión temporal o del número de municipios que deben cubrir las guardias que “son dificultades para que los profesionales acepten prestar ese servicio y cada vez es más difícil conseguir que se apunten”, matizó Fernando Ledesma, “y al final, lo que está en peligro es el servicio público”.