Navarro destaca que la ley de modificación del Código de Derecho Foral da seguridad jurídica y refuerza los derechos de las personas con discapacidad

13 de junio de 2024 El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy el dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas. La portavoz adjunta del PP, María Navarro, ha destacado que esta modificación da seguridad jurídica y refuerza los derechos de las personas con discapacidad. Durante su intervención, Navarro ha hecho hincapié en la importancia de que esta modificación salga adelante con la unanimidad del conjunto de las fuerzas políticas. Además, ha agradecido el trabajo de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil a la vez que ha puesto en valor las aportaciones, en el periodo de audiencias legislativas, del conjunto de entidades y colectivos profesionales implicados.

Navarro ha explicado que el objeto de la modificación del Código de Derecho Foral era ajustar la legislación aragonesa a los principios de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York en diciembre. “Se trata también de resolver la inseguridad jurídica que en el ámbito de nuestro derecho foral supuso la reforma de la legislación estatal llevada a cabo por la ley 8/2021”.

La portavoz adjunta del PP ha señalado que a la hora de abordar la reforma en materia de capacidad se ha buscado atender a tres principios: la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la salvaguarda de sus derechos y la ayuda a su entorno de apoyo.

En primer lugar, el respeto a la autonomía de las personas, procurando siempre que sea posible que sean las propias personas las que ejerzan su capacidad por sí mismas conforme a su propia voluntad y preferencias, contando cuando así lo requieran de los apoyos pertinentes, adaptados en cada caso a sus circunstancias específicas. El segundo principio es el del interés de las personas discapacitadas como modulación de la autonomía personal en aquellos casos donde la capacidad de entender y querer esté afectada, o incluso anulada.

Por último, valorando la condición social de los seres humanos no se puede desconocer el papel crucial que suele ejercer la familia, o el entorno, en relación a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. Se calcula que aproximadamente un 13,3% de la población española ejerce como cuidadora informal, siendo alrededor de un 50% cónyuges o pareja de las personas atendidas y algo más de un 30% hijos. De este modo, las familias, especialmente los familiares de parentesco más directo, se configuran como una primera red de protección. “Considerando este papel que juegan, aunque las bases del sistema de apoyos para las personas con discapacidad deben ser el respeto a las decisiones propias y la protección de sus intereses, los cuidadores, particularmente los cuidadores familiares, deben ser protegidos igualmente, desde la filosofía de cuidar al cuidador”, ha explicado Navarro.

Por todo ello, María Navarro ha concluido señalando que “hoy ganan las personas con discapacidad, hoy avanzamos en derechos, vamos hacia adelante y lo hacemos con consenso y dando seguridad jurídica”.