Orós califica de “chapuza” la gestión del PSOE de las prestaciones económicas para personas vulnerables

Zaragoza, 5 de mayo de 2021.- De “chapuza” calificó esta mañana la gestión de las prestaciones de subsistencia por parte de los Gobiernos de España y de Aragón, la portavoz de Ciudadanía del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Marian Orós, que pedirá explicaciones al Ejecutivo en la sesión plenaria que las Cortes autonómicas celebran el próximo viernes. “Chapuza del Gobierno de España para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, chapuza del Gobierno de Aragón para poner en marcha la prestación la prestación aragonesa complementaria”, resumió.

Con un aumento continuado de la pobreza en Aragón desde el año 2018 y en una etapa de fuerte crisis social consecuencia directa de la pandemia, el número y el nuevo perfil de los afectados obligaban a los gobiernos a ofrecer respuestas proporcionadas y urgentes. Más de un 21% de la población aragonesa según Caritas, y “personas y familias que en el año 2019 no eran vulnerables, tenían vida y tenían trabajo, y en el año 2021 no tienen ni siquiera para poder comer” deberían haber sido los beneficiarios de ayudas para la subsistencia, pero no ha sido así.

Los datos aportados por Orós confirman la ineficacia del IMV porque sólo el 6,5% de las familias vulnerables en España lo estaba recibiendo a primeros de abril, tres de cada cuatro solicitudes fueron rechazadas y los 850.000 posibles beneficiarios anunciados por el Gobierno de España se han quedado en 200.000 según las escasas referencias oficiales facilitadas. En Aragón de las 26.783 solicitudes registradas se rechazaron 18.000 y sólo se aprobó una cada tres “lo que significa dejar fuera a todo un perfil de familias, lo que podríamos denominar nuevos perfiles de la pobreza, personas que como les decía antes de la covid eran personas normalizadas con sus trabajos y, sin embargo, hoy por hoy no tienen ni lo necesario para subsistir”. La portavoz popular de Ciudadanía urgió al Gobierno aragonés a actuar de manera urgente ante la tendencia a la cronificación de este nuevo grupo de población “porque salir del riesgo de exclusión es difícil, pero salir del círculo de la pobreza severa es mucho más difícil”.

La gestión de las prestaciones económicas para las personas que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas debería haber constituido, tras la emergencia sanitaria, uno de las acciones fundamentales de cualquier administración y, sin embargo, lo que hasta ahora han provocado los retrasos del Gobierno es dejar a unos 18.000 aragoneses fuera de cualquier cobertura económica que les permita afrontar el día, otros 4.000 que el próximo 31 de mayo dejarán de percibir el Ingreso Mínimo Vital (IAI), otro grupo de 2.171 que recibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuya media mensual apenas supera los 450 euros y por último, 4.520 que reciben el IMV complementado.

UNA LEY CON MÁS ERRORES QUE ACIERTOS

“A contrarreloj” ha presentado el Gobierno autonómico el proyecto de ley de la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital, después de retrasar su publicación de junio a octubre de 2020 y, desde entonces, mantenerlo guardarlo en un cajón hasta finales del pasado mes de abril. Los perjudicados de tanta desidia han sido, como explicó Orós, las miles de familias que siguen esperando de manera urgente estas ayudas de subsistencia, y aunque casi un año después el Gobierno de Aragón pretenda arreglarlo lo cierto es que la calidad del texto original deja bastante que desear a tenor de las 141 enmiendas presentadas, 21 con la firma del cuatripartito, a un proyecto legislativo que consta de poco más de una decena de artículos y otras tantas disposiciones.

Por eso la intención del Partido Popular es “corregir todos los fallos, todas las grietas y todos los errores de un decreto que entró en vigor hace casi un año y, desde luego, no ha sabido no ha podido suplir todos los problemas de pobreza , todos los problemas de vulnerabilidad que tienen las familias aragonesas”, por eso las 31 enmiendas populares se centran en “definir qué debe ser la prestación aragonesa complementaria, cuándo es supletoria y cuándo es complementaria, corregir fallos garrafales como la derogación precipitada del IAI, hemos ampliado el espectro de beneficiarios y también hemos planteado medidas de control, porque es importante que esta prestación complementaria llegue realmente a los que la necesitan, a esas familias que están en una situación de precariedad vital”.