Recuerda las dificultades de este grupo para seguir las normas básicas que limitan los contagios por coronavirus
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.-Los votos de PSOE, Podemos, CHA y PAR impidieron esta tarde comprometer al Gobierno de Aragón para que incluyera a las personas con discapacidad intelectual no institucionalizados dentro de los grupos preferentes de vacunación de coronavirus y, en consecuencia, no se les inmunizará de manera inmediata sino conforme a su grupo de edad.
Los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico han seguido de esta manera el guion marcado por el Departamento de Sanidad que, amparándose convenientemente en la estrategia nacional de vacunación, excluye a este grupo específico que vive en pisos tutelados o acude a los centros de día o a centros ocupacionales o a centros especiales de empleo, y también deja fuera a los profesionales que les atienden. Fue la portavoz popular de Ciudadanía, Marian Orós, la que hace días denunció este agravio y esta tarde reclamó, en el pleno del Parlamento autonómico, una obligada rectificación del Gobierno que no se produjo.
Una rectificación del Ejecutivo que, planteó la diputada popular, debería haberse llevado a cabo “lo antes posible, sin necesidad de plantearlo el Partido Popular” porque habría beneficiado a un grupo de aproximadamente dos mil personas que en su mayoría residen en la vivienda familiar, buena parte de ellas al cuidado de sus padres por lo general de edad avanzada. Orós destacó como situación limitante añadida que muchos de ellos padecen “enfermedades crónicas previas y además son personas con dificultades importantes para poder seguir las normas que ayudan a no contraer el virus, personas que conviven en espacios cerrados la mayor parte del día y personas que tienen cuidadores mayores. ¿Son o no personas vulnerables? ¿Son o no personas de riesgo? Pues sí que lo son señorías, sí que lo son”.
El peligro de contagio aumenta porque muchos de ellos pasan buena parte del día desarrollando diferentes actividades fuera de sus hogares “y les resulta especialmente complejo el uso adecuado de la mascarilla, mantener la distancia social u observar una higiene estricta y continuada”, y eso implica a otras muchas personas con las que mantienen contacto diario.
La propuesta legislativa de Marian Orós llegó al Parlamento autonómico respaldada por la preocupación de numerosas asociaciones y familiares que afirman no estar recibiendo del Ejecutivo autonómico una respuesta adecuada, “desde el uno de febrero las entidades sociales y las familias han expresado su miedo y preocupación, han suplicado al Gobierno de Aragón que les vacunen, que les consideren grupo prioritario, para devolverles cierta normalidad, para evitar riesgos y para proteger vidas. Es una petición de sentido común, es una petición necesaria y es una petición justa”.
La portavoz popular de Ciudadanía concluyó su intervención aludiendo a la “irresponsabilidad, desidia y negligencia” del Ejecutivo aragonés con estas personas “porque la estrategia es una cosa pero la competencia en sanidad la tiene el Gobierno de Aragón. Porque tiene recursos, porque tiene capacidad y podía haber reflexionado. Y podía haber dicho que sí”.
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