Orós denuncia que el Gobierno aragonés excluye a autónomos y pymes de la concertación social

Zaragoza, 8 de abril de 2021.- Nuevo golpe del Gobierno de Aragón a autónomos y pymes. A los sectores especialmente castigados por negarles ayudas directas como la hostelería y el comercio, entre otros muchos, el Ejecutivo integrado por PSOE, Podemos, CHA y PAR añade ahora a las empresas vinculadas con la prestación de servicios sociales. Otro paso más del Gobierno que, además, no duda en suscitar un enfrentamiento entre lo público con lo privado. “Para potenciar la calidad de los servicios no es justo que solo se mire a la titularidad de quien lo presta, para potenciar al tercer sector no es justo que se discrimine al resto y para ser eficientes con la gestión no es necesario expulsar a más de cien entidades, pymes, autónomos y empresas que gestionan bien y en el territorio” tuvo que recordar hoy en el Parlamento autonómico la portavoz de Ciudadanía del Partido Popular, Marian Orós, que reclamó “moderación y sentido común”.

Decenas de residencias y centros de día serán apartados de la concertación pública con la entrada en vigor de una norma autonómica que literalmente señala que ‘los acuerdos de acción concertada para la provisión de prestaciones y servicios sociales públicos se podrán formalizar exclusivamente con entidades públicas o privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro’, es decir “excluyen de la concertación, de manera rotunda y sectaria, a las entidades mercantiles que en Aragón suponen más del 70% de los servicios y centros residenciales y son en su gran mayoría pymes y autónomos”.

La posición de Orós defendida a través de una proposición no de ley finalmente votada en contra por PSOE, Podemos CHA y PAR fue que “el modelo de lo público, el tercer sector y las empresas, en esto y en casi todo, son necesarias y complementarias. Creemos firmemente en la colaboración público-privada para la gestión de los servicios sociales y no compartimos que se excluyan por temas ideológicos”, y en su réplica contra la norma “discriminatoria” que el Gobierno insistió en no modificar, la diputada popular propuso enmendar las normas excluyentes de pymes y autónomos, para que de esta manera “puedan optar a la concertación de servicios sociales, en igualdad de condiciones que las entidades públicas o privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro, siempre bajo los criterios de calidad y eficiencia en la gestión de dichos servicios”.

No es la primera ocasión que el Ejecutivo presidido por los socialistas “retuerce” la ley para expulsar a autónomos y pymes de la prestación de servicios sociales, en palabras de la parlamentaria, ni que la Justicia haya tenido que proteger los derechos de estas entidades de ataques similares como sucedió en 2018 con una decisión del Gobierno finalmente reprobada.

PROBLEMAS SOBRE PROBLEMAS

Un año especialmente complejo fundamentalmente para las personas mayores y dependientes y de manera subsidiaria para las residencias y los centros de día tanto públicos como privados que durante los meses iniciales se vieron obligados a afrontar la COVID con escasa ayuda y nulo apoyo del Gobierno aragonés, explicó la portavoz de Ciudadanía del Partido Popular. La reacción de la Administración autonómica llegó tarde para dirigirse de manera exclusiva en los centros públicos, dejando fuera de cualquier ayuda institucional a las residencias privadas y concertadas y a los centros de día que debieron sufragar con sus recursos los costes extraordinarios necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios y los trabajadores.

La portavoz popular de Ciudadanía lamentó que transcurridos trece meses del inicio de la pandemia el Gobierno de Aragón no haya activado algún tipo de ayuda significativa, pese a los continuados anuncios y promesas tanto de la titular del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales como del jefe del Ejecutivo, que permita cubrir en parte los gastos derivados de la pandemia. Para añadir más problemas a este sector concreto el Gobierno aragonés no ha revalorizado las plazas concertadas el 2,5% conforme a lo pactado con las entidades ni tampoco ha planteado revisar los precios de las plazas.