Orós: “Lambán y su gobierno social lo son sólo de discurso, no de recursos”

Zaragoza, 22 de enero de 2021.- “Lambán y su Gobierno social lo son sólo de discurso, pero no de recursos”, afirmó esta mañana Marian Orós para resumir en una frase la opinión de los populares aragoneses sobre la gestión social de la pandemia por el Ejecutivo integrado por PSOE, Podemos, CHA y PAR. La preocupación expresada por las entidades sociales aragonesas desbordadas por el aumento de personas que acuden a recibir algún tipo de ayuda están avaladas por datos: Cruz Roja agotó su presupuesto en 2020 atendiendo a más de 10.000 casos de pobreza extrema y Caritas Aragón incrementó un 71% sus ayudas. “Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde está el Gobierno de Aragón?”, preguntó la diputada.

La portavoz de Ciudadanía del Partido Popular puso el centro del problema en la ineficacia de las medidas activadas por los Gobiernos de España y de Aragón como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), pero también en la falta de ampliación presupuestaria de estas administraciones para atender el aumento de peticiones de las ayudas de urgente necesidad.

LA FICCIÓN DEL IMV

Tras el colapso de las oficinas estatales durante los primeros meses de gestión de la nueva prestación dirigida a los hogares más vulnerables, los últimos datos de los que dispone el Partido Popular ya que el Gobierno de España no los actualiza desde principios de diciembre son que de los 20.000 aragoneses que solicitaron el IMV 12.000 fueron rechazados, se aceptaron 5.000 peticiones y 3.000 continuaban en tramitación. La denegación del 60% de los expedientes obedece en su mayoría, explicó Orós, a que el Gobierno toma como referencia la renta de los peticionarios de 2019 y no la de 2020 para aceptar o denegar la ayuda, y no tiene en cuenta que en 2020 se produjo el mayor desplome de ingresos debido al aumento de parados aragoneses, 15.000 desempleados más respecto a 2019 y 18.000 trabajadores afectados por un ERTE con una media de 860 euros de salario mensual según el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno de Aragón complicó aún más la situación a estas nuevas familias en riesgo de pobreza al impedir que se inscribieran en el programa de ayudas urgentes autonómicas, el Ingreso Aragonés de Inserción, y tampoco tramitó ninguna ayuda complementaria para que pudieran acceder a alguna prestación de subsistencia durante los meses en los que el Ejecutivo tramitaba su solicitud para percibir el Ingreso Mínimo Vital, lo que llevó a la diputada a señalar que “Lambán siempre se ha jactado de presidir un gobierno social. Pero la realidad es que no lo es. Precisamente cono quienes peor lo están pasando y quienes más lo necesitan”.

EL GOBIERNO DESCARGA SU OBLIGACION EN LOS AYUNTAMIENTOS

En su opinión la falta de respuesta del Gobierno aragonés frente a la crisis social ha tenido que ser suplida por los ayuntamientos, y lo ejemplificó con el consistorio de la ciudad de Huesca que en 2020 tuvo que incrementar 200.000 euros su partida de ayudas de urgente necesidad, o el Ayuntamiento de Zaragoza que añadió cuatro millones de euros a un partida ya amplia de nueve millones para atender a 18.000 peticiones extraordinarias de familias zaragozanas hasta alcanzar las casi 40.000 atendidas a 31 de diciembre. En ambos casos la colaboración extraordinaria del Gobierno de Aragón para ayudar a estos municipios fue de cero euros pese a que la responsabilidad de los servicios sociales recae de manera extensa en la Administración autonómica.
Ayuntamientos, pero también las entidades sociales como recalcó desde el principio la diputada, “que desde el mes de marzo han dado la réplica al aumento sustancial de la pobreza en Aragón pero sobre los que el Gobierno aragonés no puede seguir eximiendo su responsabilidad frente a la crisis social” que, avanzan ya desde muy distintos ámbitos, seguirá creciendo durante el año 2021.

DOS PROPUESTAS URGENTES DEL PP QUE EL EJECUTIVO DEBE APLICAR

Más allá de la crítica Marian Orós planteó propuestas concretas al Ejecutivo para contrarrestar en el año 2021 la inacción demostrada por el Departamento de Ciudadanía durante 2020. La primera actuación consiste en cumplir con el acuerdo adoptado por el Parlamento autonómico para aprobar una prestación transitoria y urgente que ofrezca cobertura a las familias que se han quedado fuera de las medidas de los Gobiernos y, en segundo término, aumentar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de urgente necesidad.