El presidente del PP turolense ha augurado que en el 2022 “no se invertirá ni un céntimo de esos 60 millones de euros”.
Teruel, 22 de julio, 2022.- Más de siete meses después del inicio del 2022, los gobiernos de España y Aragón firman definitivamente el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel. Una rúbrica que ha tenido lugar este viernes en la capital turolense y que ha corrido a cargo de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, y del secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González.
Para el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, que se ha alegrado de la noticia de este viernes, la firma del convenio se produce “tarde”, más “habiendo aprobado en tiempo y forma” los presupuestos de ambas administraciones. Una crítica a la que ha unido también el desarrollo posterior que realiza del propio FITE el Gobierno de Aragón, que a su juicio “demora voluntariamente” la aplicación de esos fondos.
Estas palabras las ha pronunciado este viernes en la sede del Partido Popular de Teruel y acompañado del senador, Manuel Blasco. Considera el máximo responsable de los ‘populares’ turolenses que la tardanza en aplicar el FITE corresponde a una “estrategia” del Ejecutivo autonómico al contar con un remanente negativo “muy potente”. “Les viene muy bien ejecutar esas cuantías para pagar otras cuestiones, no para invertirlos en la provincia, porque emplean el criterio de caja única”, ha explicado.
Juste ha vuelto a especificar la situación en la que se encuentra actualmente el FITE en sus ediciones pasadas. En la actualidad, los ayuntamientos están ejecutando las subvenciones de 2019 para infraestructuras municipales, para lo que algunos consistorios han tenido que pedir una prórroga. Con respecto al 2020, se acaba de adjudicar las cuantías para las entidades locales, y la edición de 2021 ni siquiera se ha convocado.
Es por ello por lo que el presidente del Partido Popular de Teruel ha augurado que en el 2022 “no se invertirá ni un céntimo de esos 60 millones de euros”. “La realidad es que los ayuntamientos tendrán que esperar mucho tiempo a la convocatoria, después presentar los proyectos y que el Gobierno de Aragón los estudie y resuelva”, ha precisado, lo que puede provocar situaciones parejas a lo ocurrido con el FITE de 2018, en el que 46 ayuntamientos tuvieron que devolver importantes cantidades. “Al final los que deberían contar con el mayor plazo porque son los que tienen que acometer las actuaciones son los que tienen el menor”, ha lamentado.
Una situación a la que hay que sumar la inestabilidad económica en la que se encuentra España, con una inflación notable y con un alza en el precio de los materiales que está provocando que muchas obras vean incrementado su coste de manera muy significativa. “En una coyuntura como la que estamos viviendo, los precios no se parecen en nada a los de hace cuatro años y las empresas se niegan a realizar las obras por esos importes, a lo que hay que añadir que los pequeños municipios no tienen capacidad económica de suplementar esos presupuestos”, ha recalcado.
GESTIÓN AUTONÓMICA
Tal y como anunció el Gobierno de Aragón hace escasas fechas, una de las principales novedades para la edición de 2022 es que el Ejecutivo autonómico podrá aprobar los proyectos sin necesidad de tener que elevar esas cuestiones a la Comisión de Seguimiento. Con ello esperan ganar en celeridad para un desarrollo que se ha caracterizado por su gran lentitud.
Juste espera que se produzca una mejora, aunque ha subrayado que en el pasado “se tenía en cuenta el criterio del Gobierno autonómico”, cuestión en la que se ha mostrado a favor porque “es el que está más cerca, conoce mejor el territorio y la realidad, y también cuáles son las alternativas en inversiones que se pueden poner en funcionamiento”. “El peso del Ejecutivo aragonés era mucho mayor a la hora de decidir los proyectos”, ha agregado.
En ese mismo sentido se ha mostrado el senador turolense, Manuel Blasco, que ha anunciado que “exigirán” agilidad a la hora de gestionar el FITE. Y ha vuelto a incidir en la forma de proceder en el pasado, en el que el Gobierno de España “se limitaba a que el gasto de los 30 millones cumple con el convenio y con la legalidad”.
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