El Partido Popular exige la modificación de la ley “sí es sí” para evitar que los violadores vean reducidas sus penas

“El objetivo es que ningún condenado pueda beneficiarse de una normativa que en teoría nació para proteger a las mujeres y que se ha demostrado que está consiguiendo todo lo contrario”, ha indicado Yolanda Sevilla.

Para la diputada del PP, el Gobierno central se tenía que haber puesto “manos a la obra” para poner remedio a esta “sinrazón”.

28 de noviembre de 2022.- La aplicación de la ley del “sí es sí” está generando un efecto perverso: la reducción de las penas de numerosos condenados por abuso y violación. La modificación de las condenas con la nueva norma y la no inclusión de una disposición transitoria para evitar que los juzgados anteriormente a la entrada en vigor puedan beneficiarse de ello, está suponiendo que violadores reduzcan notablemente su tiempo en prisión o que salgan definitivamente en libertad.

Para evitarlo, el Grupo Popular en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno del próximo miércoles en la que reclaman la modificación, por vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022. “El objetivo es que ningún condenado pueda beneficiarse de una normativa que en teoría nació para proteger a las mujeres y que se ha demostrado que está consiguiendo todo lo contrario”, ha señalado la diputada provincial, Yolanda Sevilla.

Desde las filas ‘populares’ han insistido en que “no pretendemos hacer juego político con un asunto de extrema gravedad”, sino que el objetivo es “dar solución a un problema que está alarmando a la sociedad y que se puede resolver fácilmente si hay voluntad política para hacerlo”. Por ello, consideran que trasladar una opinión “unánime y firme” desde la institución que representa a toda la provincia “puede ayudar a que se cambie aquello que no se ha hecho bien”.

Los diputados del Partido Popular han asegurado, en voz de Yolanda Sevilla, que “no pueden permanecer impasibles” ante el riesgo “real” de que “condenados por violaciones en la provincia de Teruel puedan salir a la calle”. “A los que han sufrido esos actos deleznables les debemos todo nuestro trabajo para garantizar el respeto de las normas y para que aquellos que cometieron esos delitos no pisen la calle hasta que hayan cumplido con la pena que se les impuso en su momento, no menos”, ha complementado.

MENOS EXCUSAS Y MÁS SOLUCIONES

Yolanda Sevilla ha criticado que una vez se ha tenido conocimiento, por parte de la opinión pública, de casos de reducción de condenas, el Gobierno central se tenía que haber puesto “manos a la obra” para poner remedio a esta “sinrazón”. En lugar de ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comenzado una campaña de “desprestigio de la Justicia española” que “no responde a la realidad y que intenta enmascarar que los verdaderos culpables de esta situación se sientan en el Consejo de Ministros”.

“Hay dos tipos de representantes políticos: aquellos que ponen remedio a los problemas de la ciudadanía y los que pretenden desviar la atención para no asumir las responsabilidades derivadas de sus actos”, ha asegurado la diputada del Grupo Popular en la DPT, lamentando que, en este caso, el Gobierno central está “plagado” de los segundos.

Por esa razón ha exigido a Irene Montero y, por extensión, a Pedro Sánchez que pronuncien “menos excusas” y que planteen “más soluciones”. “Una vez producida esta situación tan peligrosa ya no hay tiempo que perder porque, cuanto más semanas inviertan en intentar sacar rédito político del asunto, más condenados por violaciones se van a ver beneficiados de la nueva normativa”, ha agregado.