Pilar Cortés. “La sociedad aragonesa ha dicho no a la ley Celaá”

Zaragoza, 3 de diciembre de 2020.- Si el pasado 22 de noviembre miles de familias y docentes aragoneses clamaban en la calle contra la restricción de derechos y libertades educativas promovida por el gobierno de Pedro Sánchez a través de la conocida como ley Celaá, hoy el Partido Popular llevó esta protesta al pleno del Parlamento aragonés mediante una extensa proposición no de ley que de hecho supone una enmienda a la totalidad al texto legislativo de la coalición PSOE-Unidas Podemos. El pleno, pese a la oposición de PSOE, Podemos, CHA e IU respaldo la iniciativa del Partido Popular. “La sociedad aragonesa ha dicho no a la ley Celaá”, dijo Pilar Cortés portavoz de Educación de los populares aragoneses y defensora de la iniciativa.

En una interpelación directa a los grupos de la izquierda la parlamentario les preguntó “qué problema tienen con que los padres puedan elegir el centro educativo para sus hijos, porqué extraña superioridad moral creen que pueden decidir la escuela de todos los niños de este país, con qué superioridad moral se atreven a querer imponer a todos los padres el centro que se va a encargar de la educación de sus hijos, qué superioridad moral les asiste para creer que el colegio que ustedes elegirían para sus hijos es mejor que el que puedan elegir otros padres”

EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR

La propuesta defendida en la Cámara autonómica, como explicó la diputada, se sostiene sobre el derecho constitucional de las familias a elegir el modelo educativo y el centro de escolarización de sus hijos y reivindica que la enseñanza de la lengua castellana y de las lenguas oficiales no sea utilizada para discriminar a los alumnos. Plantea, además, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial y el respeto a los actuales cuerpos nacionales del profesorado.

Además de respaldar las bases educativas constitucionales frente al revisionismo auspiciado por el Ejecutivo central a través de una nueva ley educativa, la LOMLE, el Partido Popular aprovechó su iniciativa para plantear mejoras sustanciales al actual modelo entre las que incluyó extender la gratuidad a las etapas post obligatorias de bachillerato y formación profesional, configurar la educación de 0 a 3 años como voluntaria y gratuita, ampliar las competencias en una segunda lengua extranjera y favorecer la digitalización de los centros y las habilidades de alumnos y profesores en las nuevas tecnologías.

Como aspectos de refuerzo la portavoz de Educación de los populares aragoneses planteó la creación de un Fondo de Cohesión Territorial para que las comunidades autónomas puedan mejorar la financiación de su sistema educativo, el refuerzo de la Alta Inspección Educativa para asegurar el derecho a la enseñanza, la implantación de una prueba general de Bachillerato única en España, la puesta en marcha de un plan de evaluación del sistema educativo que permita un diagnóstico certero para poder acometer futuras reformas, o el diseño de un currículo común que represente el 65% de las enseñanzas comunes donde no exista legua cooficial y el 55% donde se encuentre reconocida.

UNA LEY TRAMITADA A ESPALDAS DE LOS CIUDADANOS

Independientemente del fuerte carácter ideológico y excluyente del proyecto legislativo del gobierno Sánchez que orilla el interés general de educadores y padres, Pilar Cortés aludió a una tramitación parlamentaria “acelerada” para “hurtar el debate que una ley de estas características merece”, además de carecer de los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado e impedir a los diferentes agentes que integran a la comunidad educativa y a expertos manifestar su opinión y valorar el texto del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

A todo lo anterior añadió la tramitación exprés en las Cortes Generales impuesta por la coalición PSOE-Unidas Podemos con el debate y votación de más de mil enmiendas en tiempo record. Para la diputada, esta actitud de PSOE y sus socios parlamentarios en el Congreso define el veto a la opinión diferente y su posterior exclusión, y recordó a PSOE, Podemos, CHA e IU que “existe un pluralismo social que se manifiesta de muchas formas y una de ellas es la libertad de creación de centros de enseñanza y otra la libertad de elección de centro educativo. Y el respeto a ese pluralismo no vale menos que el lingüístico o territorial que tantos problemas nos está causando. Ese pluralismo es que recoge la Constitución, que reconoce y defiende y al que les pedimos vuelvan a respetar”.