La diputada popular, Cristina Saínz, exige al Ejecutivo enmendar las continuas incorreciones desveladas en los informes de la Cámara de Cuentas
Zaragoza, 18 de junio de 2021.- No parece razonable que en el mes de abril de 2021 el Gobierno de Aragón contrate bajo la modalidad de urgencia mascarillas, 5,6 millones de euros en guantes o equipos de protección frente a la COVID-19, o que un mes más tarde y también a través del procedimiento de urgencia contrate servicios de transporte sanitario. Son dos ejemplos del “incremento y uso continuado de los contratos de emergencia por parte del actual Gobierno de Aragón” llevados esta mañana a la sesión plenaria del Parlamento aragonés por la diputada popular Cristina Sainz, que tuvo que recordar al Ejecutivo que “se trata de un procedimiento que es absolutamente excepcional ya que elude los principios de concurrencia, publicidad e igualdad, principios que son pilares fundamentales de la legislación contractual que no se deben pasar por alto”.
Son continuadas y relevantes las advertencias de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas “que destaca de forma reiterada deficiencias e incumplimientos en materias tan trascendentales como el fraccionamiento de contratos y el abuso de las adjudicaciones directas. Los informes de la Cámara de Cuentas detallan año tras año un importe elevadísimo de gasto comprometido sin tramitar expediente de contratación ni formalizar contratos”, desveló la parlamentaria que recogió los datos aportados por el órgano fiscalizador en el año 2019, hasta 196 millones de euros gastados en ese ejercicio sin procedimiento de contratación abierto en el departamento de Sanidad, para desmontar la excusa del Gobierno que utiliza el binomio covid-urgencia como principal alegato.
“En el Partido Popular creemos obligado necesario que el Gobierno de Aragón cumpla de manera estricta y escrupulosa con la normativa de contratación pública, porque ahora no lo está haciendo”, planteó Cristina Saínz, que añadió “creo que es un importe lo suficientemente trascendental como para que el Gobierno presidido por el PSOE, primero de explicaciones de qué está ocurriendo y, segundo, se ponga manos a la obra y regularice definitivamente esta situación. La falta de cumplimiento de la legalidad es la antesala del clientelismo y la corrupción. Y me da igual de dónde venga, ya se lo adelanto”.
Otros defectos encontrados por la Cámara de Cuentas en su evaluación de la gestión del dinero público por parte del Gobierno de Aragón, bajo el contundente epígrafe de incumplimientos graves y significativos en los procesos de contratación, con la ausencia de tramitación del correspondiente expediente de contratación, la falta de justificación del presupuesto de licitación y su ajuste a valor de mercado, la ausencia de acreditación de la necesidad inaplazable o las razones de interés público que motiven la tramitación urgente del expediente, el incumplimientos del plazo de ejecución de las obras sin que se apliquen las penalizaciones previstas como sucedió con el hospital de Alcañiz.
Las incorreciones del Gobierno de Aragón en el ámbito dela contratación pública no vienen sólo por el lado del abuso del procedimiento de urgencia o de otros defectos significativos consignados por la Cámara de Cuentas, proceden además de la ausencia de eficiencia, señaló la representante del Partido Popular, “por un lado deben cumplir con la legalidad y por otro deben ser eficaces para ahorrar dinero al contribuyente y aquí entra el retraso que sufre la digitalización de la contratación pública”.
En esta línea pidió al Gobierno “saber en qué situación se encuentra nuestra Administración autonómica en cuanto a la implantación de la digitalización del procedimiento de contratación electrónica,” y planteó “emprender con firmeza” la digitalización del procedimiento de contratación pública y reclamó “reforzar los medios técnicos y humanos los departamentos de contratación, facilitar formación al personal contribuyendo a la profesionalización de la compra pública y modernizar la contratación pública y materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena administración”, sobre todo cuando la Administración “recibirá de la Unión Europea de los fondos para la recuperación y una buena parte de esos fondos se gestionará mediante contratos públicos. Ahora más que nunca es necesaria esa planificación estratégica de la actividad contractual”, concluyó.
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