El PP Aragón pide a la DGA la suspensión del impuesto de aguas residuales en 2022 para rebajar la presión fiscal y ayudar a combatir los efectos de la inflación

Zaragoza, 5 de julio de 2022.- El portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha pedido hoy al Gobierno de Aragón que suspenda en 2022 la aplicación del impuesto medioambiental de aguas residuales (IMAR) como una medida que rebaje la presión fiscal y ayude a combatir los efectos de la elevada inflación en familias y empresas. Celma ha reclamado al Ejecutivo de Lambán que tome ejemplo del socialista Ximo Puig, cuyo gobierno ha decidido la suspensión del canon ambiental en la Comunidad Valenciana como medida contra la crisis económica.

Celma ha recordado que, con la inflación nacional en tasas superiores al 10% y la escalada de los precios de la energía, los combustibles y las materias primas, la situación en Aragón es todavía más preocupante para familias y empresas al ser “una de las comunidades autónomas más castigadas tributariamente al sufrir mayor presión fiscal y ser la tercera peor en el ránking de competitividad fiscal”, por lo que “es imprescindible que Lambán actúe con medidas que reduzcan esa presión a familias y empresas”.

En ese sentido, ha señalado que el informe anual de la Fundación para el Avance de la Libertad, que cuantifica el índice autonómico de competitividad fiscal, sitúa Aragón en el decimoséptimo lugar, solo por detrás de Asturias y Cataluña. Entre las recomendaciones que el mencionado informe realiza destaca la reducción a tres de los impuestos propios autonómicos, que actualmente son cinco, todos ellos de carácter medioambiental: el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, el impuesto sobre instalaciones de transporte de energía de alta tensión, el impuesto sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada, el impuesto medioambiental de aguas residuales y el impuesto sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta.

Ante esta realidad y en la situación actual, Celma ha reiterado la necesidad de suspender la aplicación del IMAR -antes denominado Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA)- sobre el periodo de facturación de 2022, y en aquellos municipios en los que se gira con un año de retraso, como es el caso, entre otros, de Zaragoza, también la suspensión de la facturación del año 2021.

Asimismo, ha instado a analizar la situación económica de la Comunidad al comienzo del próximo año para valorar si esta suspensión debería extenderse a los próximos periodos de facturación y, en todo caso, a ajustar las cuantías de este impuesto respecto a lo que se cobra en otras comunidades autónomas, puesto que los aragoneses son quienes más pagan por un tributo medioambiental de estas características.