El PP consigue que se modifique el protocolo de atención a pacientes con covid persistente y hacerlo en colaboración con la asociación “Long Covid”

Zaragoza, 4 de febrero de 2022.- A la poca capacidad de gestión, en un empeño constante de negar la realidad, se suma la nula disposición a escuchar a los sectores afectados por sus decisiones, en este caso a los pacientes con covid persistente. Así lo ha denunciado hoy la portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, quien ha conseguido sacar adelante una Proposición no de Ley para que se revise el protocolo de atención a los pacientes con covid persistente en colaboración con la Asociación “Long Covid” Aragón, introduciendo el conjunto de reivindicaciones que plantea el colectivo. Una iniciativa que ha salido adelante con la abstención del cuatripartito.

La diputada popular ha lamentado la forma de actuar de la Consejería de Sanidad, “son incapaces de escuchar a las personas que viven día a día, en su propia piel esta situación. No escuchan a nadie y si no escuchan es imposible resolver los problemas”. Marín ha recordado que Sanidad elaboró un protocolo de actuación para los afectados por covid persistente, cuyo borrador se remitió a la Asociación Long Covid, “que hicieron aportaciones a las que la Consejería ni tan siquiera ha dado acuse de recibo”.

Esa falta de empatía y afrontar la realidad está llevando al Gobierno a cometer errores que sufren los aragoneses, en este caso, no han creado una Unidad de Referencia para pacientes con covid persistente, integrada por equipos multidisciplinares que permitan el tratamiento integral de los pacientes. “Así lo hemos pedido ya en varias ocasiones y así lo piden las personas que lo sufren. Con la aprobación de esta iniciativa ahora tendrá que hacerlo como ya se ha hecho en otras Comunidades Autónomas con muy buenos resultados”, ha afirmado Ana Marín.

Además la Proposición no de Ley defendida por los populares en la comisión de Sanidad de esta mañana incluye también, como pide la Asociación Long Covid, la revisión de las categorías de pacientes en riesgo bajo, moderado o grave que eviten dejar fuera de la atención hospitalaria a determinados pacientes. La iniciativa recoge  también que el Gobierno tenga la obligación de reunirse con la asociación, tantas veces como sea necesario, para implementar medidas nuevas ya que las consecuencias de esta enfermedad son novedosas y cambiantes.