Alude a una ley orgánica de 1981 sobre el estado de alarma que reconoce las indemnizaciones para los perjudicados
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.- “Es una cuestión de justicia, y no hay excusas para que el gobierno mire para otro lado”, afirmó al inicio de la tarde el diputado popular Fernando Ledesma, en una defensa cerrada de ayudas directas para los centros deportivos, gimnasios y autónomos profesionales de la actividad física y deportiva “que repare e indemnice los perjuicios económicos de la gestión de los Gobiernos España y de Aragón en la lucha contra la pandemia por coronavirus”. No entendieron la situación crítica de este sector los diputados de PSOE, Podemos, CHA y PAR que rechazaron la propuesta del Partido Popular, lo que eternizará a estos profesionales y a sus negocios en la precariedad, la incertidumbre y las deudas.
Ledesma recordó al Parlamento que “el Gobierno de Aragón ordenó cerrar totalmente los gimnasios y centros deportivos, y aun hoy están funcionando sólo al 30% por orden del Gobierno de Aragón delegada del Gobierno de España, consecuencia del estado de alarma por la pandemia de COVID-19”. Pero lo cierto es que, como explicó, una ley orgánica vigente del año 1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio establece que ‘quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o indirecta en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes’.
Un derecho consignado a ser indemnizado obviado por los Gobiernos de España y de Aragón, pero es que los gimnasios y los centros deportivos de la comunidad autónoma sufrieron el agravante de ser excluidos del anuncio formulado a finales de febrero por el jefe del Ejecutivo autonómico sobre activación de un plan de choque exclusivo para la hostelería y el turismo, aún pendiente de poner en marcha.
La contradicción entre los hechos y lo que la ley dicta es evidente para Fernando Ledesma, porque “no tienen ellos la obligación legal de soportar el perjuicio que se les ha causado. Deberíamos entre todos, y todos somos recursos públicos, buscarles la forma de ayudarles a que no se cierren. Todos estaremos de acuerdo en que el deporte y la actividad física es esencial”.
Esta categorización de ‘esencial’ para la actividad física en general fue recientemente declarada y aprobada por el Congreso de los Diputados y conlleva aún más fuerza, a juicio de los populares, en épocas de sedentarismo forzado y limitaciones severas como las actuales. Se trata, opinan, de “parar una discriminación injustificada” que ha obligado a este sector a dirigirse a los tribunales para preservar sus derechos frente a la Administración autonómica, “cuando el Gobierno de Aragón ayuda a unos sectores y a otros no, y las ordenes de cierre y restricciones les afectan por igual”.
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