Zaragoza, 9 de diciembre de 2020.- Las Cortes de Aragón aprobaron esta mañana, a iniciativa del Partido Popular, la elaboración de un estudio sobre la situación de las personas con inteligencia límite. No es un colectivo excesivamente amplio pues diversas estimaciones lo sitúan en torno al 10% de la población, pero sí especialmente vulnerable tal y como explicó la ponente de la propuesta legislativa Marian Orós, cuya pretensión es que el Departamento de Ciudadanía redacte y presente ante el Parlamento autonómico un informe valorativo que recoja el censo real de personas con inteligencia límite, sus perfiles y necesidades, los recursos que las Administraciones públicas ponen a su disposición y las propuestas para la mejora de su calidad de vida.
“Se trata de un grupo de población que se encuentra en tierra de nadie” debido a que no tienen reconocida oficialmente incapacidad alguna, señaló la portavoz popular de Ciudadanía para solicitar el respaldo de la Cámara a su propuesta, pero lo cierto es que “a menudo, presentan dificultades en el ámbito sanitario, educativo, social y laboral por sus déficits en las habilidades adaptativas lo que hace necesario que precisen de apoyo a lo largo de toda su vida para su plena integración”.
No existe un censo detallado en Aragón ni tampoco un diagnóstico concreto de su situación y mucho menos un catálogo de las necesidades específicas que requieren, señaló Marian Orós, para explicar la situación de indefinición que acompaña a estas personas con un coeficiente intelectual superior al exigido para el reconocimiento de discapacidad intelectual pero en vida real limitado para afrontar de manera independiente los retos vitales, por tanto “algún esfuerzo más se podría hacer, además de la educación inclusiva que estaría bien saber qué grado de éxito o de fracaso tiene con esas personas de inteligencia límite, o esos planes de empleabilidad que este año incluso han sido complicados para las personas con discapacidad y, por tanto, aún más para estas personas con inteligencia límite que no tienen las coberturas que si que tiene una persona con un certificado de discapacidad”.
Se trata de la segunda propuesta para mejorar la situación de este grupo de personas con discapacidad registrada por el Partido Popular. La anterior, del año 2019, fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno de Aragonés pese a que lo que pretendía era, como detalló la diputada “por un lado visibilizar la situación de estas personas y de sus familias y, por otro, instar al Gobierno de Aragón a realizar una serie de acciones tendentes a mejorar esa calidad de vida” como eran ampliar las posibilidades de acceso laboral junto con la aprobación, por parte de la Administración autonómica, de un plan específico que entre otras acciones incluía extender la formación de los profesionales sanitarios de atención primaria y de servicios sociales para el tratamiento de estas personas.
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