El PP pide al Gobierno aragonés aclarar su propuesta sobre bonificaciones en los municipios generadores de energía verde

Zaragoza, 8 de julio de 2021.- El Partido Popular solicitó hoy a la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que concrete sus declaraciones sobre la bonificación del precio del coste de la energía eléctrica en los municipios generadores de energía verde. En un reciente encuentro sobre las oportunidades para impulsar el desarrollo de los pueblos celebrado el mes pasado en Alcañiz, la número tres del Ejecutivo autonómico animó a ser “atrevidos” y “exigir” bonificaciones a la electricidad en aquellos territorios donde existan instalaciones de energías renovables.

Para el portavoz popular de Industria, Juan Carlos Gracia, resulta obligado que el Gobierno aragonés informe sobre “los pasos que se están dando para conceder estas bonificaciones a ciudadanos y empresas. Cómo se van a regular. Si se va a tramitar nueva legislación para aplicar esta medida. Sobre quién va a repercutir el peso de estas bonificaciones, si sobre el presupuesto del Gobierno de Aragón o sobre las empresas eléctricas”. Son dudas que, consideró el parlamentario, precisan ser “despejadas y aclaradas” y añadió que cualquier decisión debe ser adoptada desde “el consenso y la transparencia”.

Expresó además su “preocupación” porque estas declaraciones de Mayte Pérez vuelvan a ser un nuevo anuncio incumplido del Gobierno socialista con los aragoneses, que “sea un simple brindis al sol, como viene haciendo el Gobierno de Aragón durante los últimos años con el único objetivo de intentar preservar su imagen pública. Porque este tipo de noticias, en caso de no ser ciertas empiezan a cansar a la sociedad aragonesa y generan frustración”, y lo relacionó con declaraciones anteriores en términos similares de distintos miembros del Ejecutivo de coalición sobre las ayudas extraordinarias a la hostelería y al turismo que los afectados no han percibido o la llegada de empresas a las cuencas mineras que no se ha producido o sobre la paralización del Convenio de Transición Justa porque “lamentablemente lo que anuncia el Gobierno de Aragón va por un lado y lo que hace va por otro”.

También preguntó si el vicepresidente del Gobierno y responsable directo del área de industria y energía, Arturo Aliaga, comparte las intenciones de su compañera de gabinete, “no sé si esta información la conoce mejor el consejero de Industria, y si el señor Aliaga nos puede informar mejor sobre estas bonificaciones a empresas y ciudadanos, o si desde su consejería se van a modificar las condiciones de las concesiones para la instalación de energías renovables y poder atender este nuevo anuncio del Gobierno de Aragón”.

GESTIÓN ERRÁTICA DEL GOBIERNO CON LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO

Respecto a las últimas decisiones del Gobierno aragonés sobre limitaciones a la hostelería el diputado popular las calificó de “desastre absoluto de gestión”, después de que en el transcurso de pocos días el Ejecutivo socialista aprobara el paso de Fase 2 a Fase 1 y después rectificara para retornar a Fase 2, porque “esos cambios suponen muchas decisiones empresariales, de sacar trabajadores del ERTE, de ampliar plantillas. Ese cambio implica muchas cosas y no puede hacerse así”. No comparte el Partido Popular las limitaciones a la hostelería y reclaman explicaciones sobre los criterios que motivan los cierres a las once de la noche y no las doce o por qué en Aragón existe un horario para el ocio nocturno mientras que en otras comunidades con situaciones similares existe otro horario distinto.

Juan Carlos Gracia reiteró la propuesta que los populares llevan formulando al Gobierno de Aragón desde el inicio de la pandemia “cada vez que se apliquen unas restricciones a cualquier actividad automáticamente se deberían aprobar unas compensaciones económicas para todas las actividades afectadas”, y volvió a recriminar al Ejecutivo su exagerada lentitud en la concesión de las ayudas autonómicas extraordinarias anunciadas hace meses para los diferentes sectores productivos así como las elevadas exigencias y requisitos impuestos desde la Administración autonómica, “es muy difícil que muchas empresas las puedan recibir, es que están pidiendo que esas empresas no tengan ningún tipo de deuda y eso es muy difícil cuando hay empresas que llevan 16 meses cerradas”, concluyó.