Reivindica la ley de lenguas del partido Popular, en vigor desde el año 2013, “que no impone etiquetas ni barreras idiomáticas”
Zaragoza, 4 de junio de 2021.- El Partido Popular planteó hoy incluir las competencias de defensa de las modalidades lingüísticas aragonesas en la Dirección General de Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la supresión de la actual Dirección General de Política Lingüística. “No hace falta un director general porque se hace siempre exactamente lo mismo” señaló Pilar Cortés, portavoz popular de Educación, que realizó esta propuesta durante una interpelación dirigida al Ejecutivo en el pleno de control celebrado esta mañana en el Parlamento autonómico,
El órgano administrativo creado en 2015 por la coalición integrada por PSOE, Podemos, CHA y PAR para la defensa y divulgación de las lenguas y modalidades lingüísticas propias bajo el paraguas del cumplimiento del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón responde, afirmó la diputada, a parte del pago del Partido Socialista a CHA por su apoyo a la investidura. Un pago que comprendía entre otros conceptos la creación de una dirección general que diera cabida a la promoción no tanto de las modalidades lingüísticas tradicionales de Aragón como a la implantación gradual y oficialización del catalán y del aragonés.
“Señor consejero, yo lo lamento mucho pero la verdad es que crear una Dirección General de Política Lingüística y poner al frente precisamente a la persona que redactó un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley y que además es un destacado militante de un partido cuyos votos necesitaba el señor Lambán para ser presidente suena más a premio personal que a interés general”, manifestó Pilar Cortés para referirse a la posición beligerante del actual y único titular de esa dirección general con la ley de lenguas aprobada por el Partido Popular que, sin embargo, el Gobierno al que pertenece no se ha planteado recurrir.
El argumento elegido en su intervención por la parlamentaria popular para reclamar la supresión del órgano administrativo radicó en que “la gestión que se lleva a cabo en la Dirección General de Política Lingüística va sola, que los funcionarios adscritos a esa dirección general llevan a cabo su labor con tal diligencia y con tal eficacia que no necesitan un director general que les tutele, eso es lo que significa. Esos mismos funcionarios integrados en la Dirección General de Patrimonio harían exactamente la misma labor e incluso mejor, y su consejería se ahorraría los 78.000 euros que cuesta el director general, su secretaría y asimilados”, una cantidad relevante que, a juicio de Pilar Cortés, podría destinarse a “realizar verdaderas políticas que protegieran nuestro patrimonio lingüístico”.
Pilar Cortés confirmó la vigencia de la alternativa del Partido Popular al modelo lingüístico excluyente de la coalición de gobierno presidida por el PSOE; “nuestra voluntad de continuar con la conservación, la protección, la difusión del patrimonio lingüístico aragonés. Lo hicimos ya cuando elaboramos una ley, desde el principio fundamental del respeto a todos y cada uno de los hablantes sin imponer etiquetas ni barreras idiomáticas”, tal y como viene recogido en la ley de lenguas aprobada por el Partido Popular en el año 2013 y aún vigente, pero además “rechazando la utilización de la lengua como instrumento de confrontación política, sin la imposición de un aragonés o un catalán normalizado que los aragoneses no reconocen como propios”.
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