PSOE, Podemos, CHA y PAR rechazan avanzar en la ley del tercer sector

Zaragoza, 27 de enero de 2021.- El Partido Popular reclamó hoy en el pleno del Parlamento autonómico la aprobación de una ley que permita al conocido como tercer sector social ampliar su reconocimiento legislativo y adquirir un mayor protagonismo en su relación con las Administraciones públicas. Es lo que defendió esta tarde en el Parlamento autonómico la portavoz de Ciudadanía de los populares aragoneses Marian Orós, en una propuesta legislativa que reivindicaba al conjunto de entidades que no están configuradas como públicas, que tampoco tienen ánimo de lucro y que desarrollan proyectos de acción social que, como señaló la diputada “son determinantes a la hora de establecer y colaborar en las políticas públicas, y en momentos de dificultad aun lo son más”.

PSOE, Podemos, CHA y PAR rechazaron la propuesta y, de esta manera, obligan a las entidades aragonesas que integran el tercer sector a seguir dependiendo más que de su trabajo de los criterios subjetivos que establezca el actual Gobierno de coalición. Un movimiento social cuya actividad, recordó Orós, llega a casi el 60 por cien de la población aragonesa “con especial atención a los colectivos en riesgo de pobreza y exclusión social, y que al mismo tiempo crea las condiciones favorables para el desarrollo social de los derechos humanos y de ayuda a personas vulnerables”.

En su intervención Orós destacó que “es la parte más relevante cuantitativa y cualitativamente de la sociedad civil organizada”, además de desarrollar un triple papel: la defensa y reivindicación de derechos en su más amplio sentido, la gestión de servicios propios o en colaboración con el sector público para dar respuesta a las necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad y de exclusión social y, por último, porque impulsan la participación de la sociedad civil tanto de las personas afectadas como en su conjunto.

La propuesta de la diputada popular de una ley para el tercer sector procede también de la obligación de dar cabida a una amplia actividad comunitaria que había quedado excluida de la ley de Diálogo Social aprobada por las Cortes de Aragón la pasada legislatura, que sí permitía articular la relación de los agentes sociales, patronal y sindicatos con el Gobierno de Aragón pero que dejaba fuera a unos actores relevantes como son las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras entidades de iniciativa social.

Además, destacó Orós, también sustentó la petición legislativa el reconocimiento de la posición del tercer sector como “una parte imprescindible del cuarto pilar del estado del bienestar que merece un status y un tratamiento reglado, que no esté al albur del gobierno de turno en darles más o menos protagonismo, atenderlo y recibirlo. Que haya una norma que los ampare en Aragón y les dé su lugar”, que situó en segundo término la necesidad de regular un marco sobre “el modo de relacionarse con la administración, para que ésta no sea solo informal sino que existan cauces de diálogo y negociación con la administración. No según la disposición de los gobiernos, sino por derecho”.