Romero critica las imposiciones excesivas a cualquier actividad en el medio rural

Zaragoza, 22 de abril de 2021.- El Partido Popular llevó hoy al pleno de las Cortes su preocupación por la gestión medioambiental del Gobierno autonómico, a cuenta de las fuertes imposiciones y limitaciones a los habitantes del territorio ocasionados por los planes de gestión de la Red Natura 2000 aprobados por el Departamento de Agricultura. En su interpelación al responsable de este departamento, el diputado popular, Antonio Romero, cargó contra la radicalidad implícita en el nuevo decreto regulatorio, “estos planes de gestión van a expulsar a los pocos habitantes que quedan en el medio rural, van a favorecer la despoblación poniendo trabas a la actividad económica desincentivando el relevo generacional y suponen otro triunfo más de ese ecologismo rancio mal entendido de Podemos que con el visto bueno de su partido y con su visto bueno abandona a su suerte al mundo rural aragonés”.

El diseño aragonés de la Red Natura 2000 tiene la firma de Podemos y esto significa, explicó el portavoz popular de Medio Ambiente, ampliar las limitaciones a la economía básica en el territorio como es la agricultura, la ganadería y la gestión forestal, pero también a otras actividades productivas actuales y futuras, de carácter público y privado, con consecuencias negativas para los habitantes de los municipios afectados. No se trata de rechazar el vínculo con el medio ambiente, señaló, “se trata de hacerlo desde el sentido común y no poniendo las cosas todavía más difíciles para los que vivimos en el territorio”.

Además de la imposición de fuertes restricciones Romero aludió a un segundo aspecto relevante, “hay que legislar pensando que estamos en un territorio despoblado” señaló, y es que la norma aprobada no recoge ninguna medida que favorezca el asentamiento de la población pese a las numerosas alegaciones presentadas al decreto durante el trámite de participación, “pero es que me da la sensación de que solo lo hicieron para cubrir el expediente, porque luego no han tenido en cuenta prácticamente ninguna de las alegaciones presentadas excepto las de los amigos de la dirección general, los de su cuerda”, dejando de lado la opinión de los sectores afectados y de los ayuntamientos, “sin valorar las necesidades del medio rural”.

Además de cuestionar el fondo del decreto autonómico para actualizar la Red Natura 2000, Antonio Romero aludió a la ausencia de un respaldo presupuestario firme, “no cuentan con memoria económica” señaló, y cualquier soporte económico se deriva a la supuesta financiación de fondos europeos “pero nada más allá que una referencia genérica en el marco de acción prioritaria en los años veintiuno y veintisiete sin concretar absolutamente nada”. El Gobierno tampoco cumple con la legislación europea ni estatal que obliga a la Administración autonómica a diseñar una fórmula para pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho los afectados.

Como último punto desfavorable de la propuesta gubernamental para la Red Natura 2000 el portavoz popular de Medio Ambiente se refirió a la inexistencia del informe del Consejo Consultivo de Aragón y del informe forestal, pero también a las dudas razonadas expuestas por el Colegio de Ingenieros de Montes que detectó causas de nulidad y llegó a solicitar la retirada del texto, y de la Diputación Provincial de Huesca que directamente planteó la derogación del decreto.