Susín critica el retraso de la DGA en reclamar judicialmente los 80 millones del IVA

Zaragoza, 27 de abril de 2021.- Sentencia relevante del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a abonar la deuda que tenía pendiente con Castilla y León a cuenta del impago del IVA correspondiente al año 2017. En el caso de Aragón el descubierto del Estado con la comunidad autónoma alcanza los 80 millones de euros, y desde hace dos años el Partido Popular viene insistiendo al Ejecutivo aragonés en la reclamación de esa cantidad por la vía judicial. La diferencia sustancial entre las dos administraciones autonómicas es que el Gobierno de Javier Lambán, a fecha de 9 de abril de 2021, aún estaba estudiando ‘la procedencia del ejercicio de acciones legales’

La sentencia abre la puerta a que todas las comunidades autónomas puedan reclamar en los tribunales el IVA adeudado por el Estado, y los 80 millones pendientes de pago no son una cifra en absoluto desdeñable en las cuentas autonómicas después de que ayer mismo, ante la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón y a petición de la portavoz de área de los populares, Carmen Susín, el director general de Presupuestos admitiera un aumento del gasto en 460 millones durante el pasado ejercicio y alertara del crecimiento de la deuda pública.

ARAGÓN, MÁS DE UN AÑO DE RETRASO EN RECLAMAR

Tras las dudas iniciales pero como consecuencia de la presión ejercida por los partidos políticos de la oposición, tanto el jefe del Ejecutivo aragonés como sus consejeros de Presidencia y de Hacienda admitieron la segunda semana de febrero de 2020 las tesis de los partidos que exigían reclamar los 80 millones de euros y, en consecuencia, anunciaron el respaldo a la vía judicial. También los grupos que sustentan al Ejecutivo se sumaron favorablemente en el Parlamento a la propuesta de reclamación ante los tribunales.

Javier Lambán afirmó entonces que "no puede ser que los Gobiernos de España decidan unilateralmente la ruptura de pactos, del cumplimiento de las leyes y sean permanentemente desleales con las comunidades autónomas", y proclamaba que era su obligación defender el interés de Aragón “que, además, cumplo con devoción, porque no hay argumentos políticos y jurídicos que nos hagan resignarnos a perder los 80 millones de euros correspondiente a esa recaudación del IVA, que son de los aragoneses y de la Comunidad Autónoma de Aragón".

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez añadió esos días que los aragoneses “no tenemos que estar en una situación de vasallaje ante el Gobierno de España”, y el titular de Hacienda aseguró al Parlamento que el Gobierno aragonés emplearía “toda la fuerza” para reclamar los 80 millones de euros de IVA de 2017.
Pronunciamientos en teoría contundentes del Gobierno de Aragón con Pedro Sánchez, si bien doce meses más tarde, el pasado 8 de abril y en contestación a la solicitud de información planteada por Carmen Susín, el consejero de Hacienda reconocía que esas actuaciones se habían limitado a la presentación de un requerimiento previo a la vía contencioso administrativa cuya fecha no fue desvelada y a solicitar a los Servicios Jurídicos su parecer sobre la procedencia del ejercicio de acciones legales. Es decir, nada de lo anunciado y prometido.

Hoy la diputada popular registró una proposición no de ley para su debate en el pleno que las Cortes de Aragón celebrarán la próxima semana para que el Gobierno de Javier Lambán interponga definitivamente un recurso contencioso administrativo al Gobierno de España, ante el Tribunal Supremo, para reclamar las cantidades debidas a la comunidad en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que suma 80 millones de euros.