El Partido Popular exige aplicar las medidas antiCOVID desde la legalidad

Zaragoza, 25 de noviembre de 2020.- Dieciocho enmiendas distribuidas en catorce de modificación, dos de adición y dos de supresión planteará el Partido Popular al decreto ley sobre medidas anticovid aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado 19 de octubre. La clave de estas propuestas radica en un principio muy sencillo: garantizar la seguridad sanitaria y cumplir la ley. Y la norma activada por el Ejecutivo autonómico rompe ese principio.

Mar Vaquero, que presentó esta mañana los textos alternativos a determinados artículos del decreto ley 7/2020, rechazó el dilema entre sanidad y legalidad que utiliza el Gobierno aragonés en su texto legal para adoptar determinadas decisiones que bajo esta fórmula quedan fuera del control judicial. “Creemos que es un fundamental que se garantice los derechos y las libertades de los ciudadanos y que además, con eficacia y rapidez, se puedan interponer medidas para proteger esta salud. Desde el Partido Popular hemos defendido en todo momento la compatibilidad entre proteger la salud de los ciudadanos y cumplir la ley”, explicó la portavoz de Institucional de los populares aragoneses que en ningún caso cuestionó el fondo ni la intención del Ejecutivo –la seguridad sanitaria-, sino el método empleado.

Los populares entienden que el decreto ley sobrepasa los límites competenciales del Gobierno porque “a través de una norma que es insuficiente, que es el decreto ley, se lleve a cabo la restricción, la privación o la limitación de derechos y libertades fundamentales”, además de suponer un “desdén sin precedentes al poder judicial”, razones que sustentaron el rechazo del texto cuando se presentó en el Parlamento autonómico para su convalidación.

El centro de la crítica de los populares aragoneses se encuentra en el artículo 15 del decreto ley para el que piden su modificación por un texto alternativo que recoja la ratificación judicial frente a la discrecionalidad del Ejecutivo para dictar el confinamiento, o para aprobar otras medidas restrictivas con determinados derechos, “es el sistema democrático que tenemos, el que exista un control judicial de las decisiones políticas para hacerlo con todas las garantías judiciales y además al amparo de los derechos y las libertades fundamentales”. Esa actuación fuera de la ley, recordó Vaquero, le ha supuesto al Gobierno de Aragón recibir varios correctivos de diferentes órganos judiciales por carecer de cobertura legal por aprobar determinadas decisiones como fueron la imposición de restricciones de aforo en la hostelería, el confinamiento de la Almunia o la prórroga de las limitaciones a la movilidad en Andorra. Una censura que los jueces no se han visto obligados a expresar a otros gobiernos pese a que también han aplicado numerosas medidas para garantizar la seguridad sanitaria en sus regiones.

Destacar la excepcionalidad de las medidas respecto a un momento singular y la limitación temporal de esas actuaciones constituyen, a juicio de la parlamentaria popular, el fuerte desencuentro del decreto con la ley porque obvia de manera deliberada la autorización judicial. Vaquero consideró obligado una reflexión de los partidos que integran la coalición para “sentarse a debatir sobre estas enmiendas” en lugar de, como es su costumbre desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo, “orillar cualquier propuesta que venga del Partido Popular”.

Salvaguardar la legalidad de las decisiones del Gobierno aragonés hubiera sido posible mediante la modificación de leyes estatales, una vía que el Ejecutivo autonómico desistió reivindicar al gobierno de Pedro Sánchez, pese a la petición expresa de los populares. “desde el Partido Popular propusimos alternativas, además de estas modificaciones legislativas encaminadas a salvar vidas, encaminadas a proteger la salud, encaminadas a no poner en riesgo la integridad, la salud y la vida de los ciudadanos”. Pero es que el Ejecutivo también rechazó otras propuestas que después se vio obligado a aplicar como fueron la realización de pruebas covid a gran escala, la utilización de rastreadores como método más efectivo para el seguimiento de los contagios, la previsión de aumentar camas UCI y del personal sanitario suficiente para atenderlas ante la llegada de la segunda y la tercera ola, el refuerzo sustancial de la atención primaria o una acción específica destinada a ayudar a las personas mayores que viven en residencias.