El PP pide bajar el IRPF autonómico para los afectados por ERTE, y PSOE, Podemos CHA y PAR lo rechazan

Zaragoza, 21 de abril de 2021.- Aragón es una de las comunidades autónomos donde mayor penalización fiscal sufren los trabajadores afectados por un ERTE, y el Gobierno integrado por PSOE, Podemos, CHA y PAR no tiene intención de cambiarlo. Así se desprende del voto contrario a la propuesta formulada hoy por la portavoz de Hacienda del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Carmen Susín, que a través de una proposición no de ley debatida en el pleno de la Cámara planteó una modificación legal en el tramo autonómico del IRPF para solventar este agravio.

Una iniciativa similar de los populares ya fue trasladada al Gobierno el pasado mes de diciembre para que fuera de aplicación en el momento de realizar la declaración de la renta de 2020, pero también en esa ocasión el rechazo a la propuesta impidió su aprobación “y el Gobierno de Javier Lambán, el gobierno formado por Chunta Aragonesista, por Podemos, por el PAR y por el Partido Socialista, se negó a dejar que se tramitara una enmienda que podía solucionar esta situación, y hoy evitaría que miles de aragoneses tengan que tributar en su renta cuando no deberían hacerlo”. Hoy, Susín promovía idéntico texto con el objetivo de activarlo para que los trabajadores que permanecerán en ERTE durante el año 2021 no vuelvan a ser castigados con una tributación excesiva.

Actualmente la penalización singular que sufren los aragoneses recae sobre aquellos con rentas entre los 14.000 y los 22.000 euros y que percibieron más de 1.500 euros de un ERTE durante 2020, “pasan a tener que presentar la declaración obligatoriamente y a liquidar unos impuestos superiores a la tarifa del Estado en su región”, explicó Susín. No debería haber sido así después de que la ministra de Hacienda afirmara en el Senado que los beneficiaros de esta medida de flexibilización temporal extraordinaria pagarían menos impuestos porque habían tenido menos renta, “y la realidad es que contra lo que dijo la ministra Montero (…) los que vivan en Aragón van a tener que tributar en su renta”.

De la magnitud de la acción negativa del Ejecutivo sobre los contribuyentes dejó constancia la portavoz popular al desvelar una cifras: casi 19.000 ERTE fueron tramitados en la comunidad durante el año pasado con una afección directa cercana a los 148.000 trabajadores, la mayoría con rendimientos inferiores a 22.000 euros, con el agravante de que los tipos impositivos en Aragón son superiores a la tarifa estatal “por lo que todos los afectados por un ERTE en Aragón tendrán que pagar más que los trabajadores de otras comunidades autónomas en las que sí se tomaron medidas a tiempo previendo la situación”.

No sólo dispone de competencia el Gobierno de Aragón para ejecutar la bonificación fiscal propuesta por el Partido Popular, además tiene tiempo suficiente para aprobarla ya que el plazo fijado en el texto sometido a debate situaba en el próximo mes de septiembre el inicio de la tramitación parlamentaria. Como comprobó Carmen Susín no era cuestión ni de competencia ni de plazos, sino de falta de voluntad política evidenciada en la propuesta alternativa de los partidos que integran el Ejecutivo al pretender desviar la iniciativa al Gobierno de España.