Limitada la participación activa de Aragón en las ayudas directas

Zaragoza, 26 de abril de 2021.- Con un reparto de fondos discriminatorio entre regiones y que deja fuera a numerosos sectores productivos como notas más relevantes del decreto de ayudas directas aprobado el pasado 12 de marzo por el Gobierno de España, resultó razonable la petición formulada esta mañana en el Parlamento autonómico por la portavoz de Hacienda del Partido Popular, Carmen Susín, de implicar al Ejecutivo central a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la resolución de los numerosos problemas que se traslada a las comunidades autónomas y que complica la tramitación pero también el abono inmediato de las ayudas. “Los criterios que establece el real decreto se han impuesto sin diálogo con las comunidades autónomas, resultan poco razonables, benefician reiteradamente a los mismos sectores económicos y dejan fuera a sectores gravemente dañados por la crisis”, explicó Susín al inicio de su intervención.

En el caso de Aragón empresas vinculadas con el calzado, la viticultura, la hostelería o buena parte de la actividad relacionada con el turismo de nieve y montaña, con un peso relevante en el PIB regional, han sido expulsados de estas ayudas y no parece que en el corto plazo el Gobierno aragonés vaya a resolver esta discriminación.
Son 141 millones destinados a Aragón de un presupuesto total de 7.000, insuficientes para cubrir mínimamente las grandes pérdidas sufridas por 95 sectores productivos elegidos en exclusiva por el Gobierno de Pedro Sánchez a los que ahora, tras la rectificación surgida por las presiones de otras áreas que quedaron excluidas, podrán sumarse otras categorías de empresas aunque esto dependerá ya de la cada comunidad autónoma. El problema lejos de solucionarse aumenta de tamaño porque las ayudas “llegan muy tarde y no queda garantizado que lleguen a todas las empresas y autónomos que lo necesitan, a todos los sectores, sin discriminaciones por territorios o códigos de actividad”, explicó Susín como fundamento de su petición.

El error de inicio, como señaló la portavoz popular, es la unilateralidad del Gobierno central y la nula presencia de las comunidades autónomas “que no han sido ni objeto de consulta ni de debate con estas, bajo la fórmula de convenios específicos pero con los actores de los convenios, que somos las comunidades autónomas, no se ha tenido ni la más mínima negociación ni para el procedimiento en si ni para los criterios de reparto” dejándolas el papel de meras encargadas de la tramitación.

Otro punto significativo que adelgaza la efectividad de las ayudas es la autorrectificación del Gobierno de España del pasado viernes, al dejar en manos de las regiones la posibilidad de ampliar el espectro de sectores beneficiarios pero sin aumentar el dinero disponible, “es decir, las empresas que estaban en el primer perímetro van a ser las que pagaran la ampliación en detrimento de lo que podrían recibir, por lo tanto es imprescindible que con la ampliación de los sectores se produzca una ampliación del dinero mediante la consideración de créditos ampliables”, planteó Susín.

La propuesta del Partido Popular de extender tanto el papel de decisión de las comunidades como la financiación de estas ayudas directas no fue compartida por los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico que, con su voto en contra, cerraron cualquier puerta a mejorar el plan nacional.