Las Cortes piden la aplicación coordinada con Europa de la tasa Google

Zaragoza, 24 de mayo de 2021.- Actuar de manera sincronizada con los países de la Unión Europa en la aplicación en España del impuesto sobre el uso de determinados servicios digitales, la conocida como tasa Google, es lo que esta mañana a petición de la portavoz de Hacienda del Partido Popular, Carmen Susín, refrendó el Parlamento autonómico, al subscribir una proposición no de ley que respalda “la necesidad de avanzar en medidas para garantizar la correcta fiscalización de estas empresas. Pero, para que estas medidas sean efectivas y no generen ineficiencias ni distorsiones en unos países respecto a otros, deben adoptarse de forma global, homogénea y simultánea”.

No sólo la implantación unilateral de una nueva figura impositiva es un error para la diputada popular, lo es también que el Gobierno de Pedro Sánchez aplique este gravamen con requisitos más duros que los incluidos en la propuesta que maneja Bruselas, “que nos deja en una situación de desventaja competitiva que perjudicará a nuestras pymes, que verán reducida su productividad, su competitividad y sus ventas, y a los consumidores finales, a los que se les traslada parcialmente el impuesto vía precios”.

El tercer factor negativo de la decisión adoptada por el Ejecutivo español radica en las consecuencias indirectas que provocará sobre algunos sectores como el calzado, que nada tienen que ver con la tasa digital pero que sufrirán la aplicación de mayores aranceles sobre sus productos como réplica a la ofensiva fiscal europea sobre las empresas tecnológicas norteamericanas. Los cálculos iniciales de la patronal de esta industria manufacturera avisan de la destrucción de 1.500 puestos de trabajo directos y 5.600 indirectos, de los que el 46% son realizados por mujeres.

Datos a tener en cuenta antes de actuar que no impidieron que Carmen Susín se ratificara en la obligación “de adaptar la fiscalidad a la realidad de las nuevas empresas digitales que operan en un entorno global y explotan las diferencias de tributación entre los estados y la compleja red de acuerdos fiscales bilaterales existente”, pero dentro de “una acción coordinada a nivel UE” como plantean las autoridades comunitarias “para ser eficaces y preservar el funcionamiento del mercado interior".

SUBIR IMPUESTOS EN ESPAÑA, BAJAR IMPUESTOS EN EUROPA

“En la subida de impuestos Sánchez se ha quedado solo en Europa y pretende seguir subiéndolos como hemos visto en el plan de recuperación enviado a Europa y en la fantasía España 2050. Y siendo grave subir impuestos en la situación actual, aún más grave resulta implantar nuevos gravámenes que, al no implantarse de forma coordinada con el resto de los países de nuestro entorno, generan distorsiones y perjudican la competitividad de nuestras empresas”, señaló la portavoz popular durante su intervención, donde recordó a las indicaciones del gobernador del Banco de España sobre lo desaconsejable de subir impuestos en momentos de recuperación económica tras una fuerte crisis, “y así lo entendieron todos los gobiernos europeos, tanto de derechas como de izquierdas, puesto que ninguno ha subido impuestos en plena pandemia y, prácticamente todos, han realizado bajadas selectivas en determinadas figuras tributarias para sostener a los sectores económicos más importantes para sus países”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es uno de los gobiernos de la Unión Europea que peores registros económicos acumula tras un año de gestión de la pandemia con una caída del PIB del 10,8%, el mayor retroceso desde la guerra civil, un déficit negativo del 11,0% lo que significa menos ingresos de los presupuestados y más gastos de los previstos que llega a los 123.000 millones de euros, una deuda pública en máximos históricos del 120% del PIB, y casi seis millones de españoles que buscan un empleo. La receta de los Presupuestos Generales del Estado, avalados por la coalición de izquierdas en las Cortes Generales, quedó desfasada antes de aprobarse como habían advertido tanto el Banco de España como la Airef, y totalmente invalidada con un escenario de crecimiento del 9,8% que el propio Gobierno se vio obligado a rebajar al 6,5% tan solo cuatro meses después de publicarse en el BOE.