Enfatiza que la modernización de los equipos es una parte sustancial en la mejora de la calidad asistencial
Zaragoza, 28 de mayo de 2021.- Mantener actualizados los equipos sanitarios de diagnóstico y tratamiento e introducir sucesivas mejoras tecnológicas para el periodo 2022-2025 es el acuerdo al que llegó esta mañana la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, al respaldar por unanimidad una propuesta defendida por la portavoz sanitaria del Partido Popular Ana Marín. Con una ampliación de plazos planteada como enmienda por los grupos que soportan al Ejecutivo y que otorga al Gobierno autonómico de margen hasta final de año para cumplir ese mandato, la unanimidad se impuso.
Marín inició su exposición con el ejemplo positivo del plan de renovación tecnológica acometido por el Gobierno de Aragón en el periodo 2016-2019 pero sin continuidad desde entonces, y con el ánimo de ampliar esa iniciativa de mejora planteó al Departamento de Sanidad redactar un informe de evaluación sobre el plan ya culminado y, sobre esa base y a continuación, redactar un nuevo programa de actuación para su entrada en vigor en 2022 y con un horizonte temporal hasta el año 2025 que contendrá “la descripción del parque tecnológico actual, las propuestas de adquisición, estrategias para dicha adquisición, planes de compra de alta y media tecnología, reposición de otros equipamientos tecnológicos, planes de necesidades y planes financieros”.
Sobre las “muchas necesidades pendientes”, Marín enumeró un conjunto de ámbitos sanitarios donde, para los populares, resulta más obligado actuar en la mejora tecnológica “hay deficiencias en cirugía robótica, en Aragón no tenemos ese tipo de cirugía y sí que sería interesante puesto que evita los ingresos, hay que hacer inversión y hablaba la consejera que los iba a pedir a los fondos europeos, pero adelantemos las cuestiones, también en aceleradores, en nuestro territorio, en las UCI”.
Tras el acuerdo parlamentario ahora corresponde al Gobierno de Aragón evaluar el plan de tecnología sanitaria 2016-2019 y redactar y aprobar, antes de que termine 2021, un nuevo documento que deberá entrar en vigor en 2022 con una duración hasta 2025.
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