Los populares urgen al Gobierno a agilizar las ayudas directas pendientes desde marzo

Zaragoza, 29 de junio de 2021.- Que el Parlamento aragonés convalidara esta mañana el Decreto-Ley 3/2021, de 16 de junio, de ayudas directas no significa que los interesados puedan cobrarlas mañana, ni siquiera en julio o en agosto, porque el Gobierno aragonés elude comprometerse con una fecha. La opinión de los populares sobre esta norma fue explicada por su portavoz económico, Javier Campoy que tras anunciar “por responsabilidad” el voto positivo, no ahorró críticas, “ya era hora, un año y pico reclamándoles ayudas directas en vez de líneas de financiación, que están muy bien, pero ayudas directas. Y miren llegan tarde, casi un año de retraso a lo que hay que sumar que en Aragón estamos ya casi en julio”.

Una demora especialmente gravosa cuando el tejido productivo aragonés lleva meses con peticiones generalizadas de ayuda institucional, no en vano acumula indicadores especialmente desfavorables, “en una situación extrema como la que vivimos, en la que durante 2020 Aragón, como le consta, destruyó 63 puestos de trabajo cada día, en la que fuimos la comunidad que más autónomos perdió porcentualmente ese año, 1.648 puestos de trabajo, en la que han desaparecido 1.300 firmas desde el inicio de la crisis sanitaria y en la que Aragón cerró con 125 empresas en concurso de acreedores”, dijo al dirigirse al Gobierno.

El segundo asunto reprochable al Ejecutivo presidido por el PSOE es la exigua cuantía que recibirá Aragón, 171 millones de euros de un reparto de 7.000 millones para el conjunto de España, “nula disposición del cuatripartito de éxito para negociar, nula capacidad de presión y nula influencia del Gobierno de Aragón” significó el portavoz económico popular que añadió la severidad de los condicionantes y requisitos para acceder a estas ayudas como tercera quiebra del texto sometido a votación, “que es para premio que puedan cumplirlos las pymes y los autónomos, que están exhaustos después de un año de pandemia”, al definir el procedimiento como “una pesada losa de la más rancia burocracia”.

Por último denunció la unilateralidad exagerada del Gobierno de España pero también del Gobierno de Aragón en el diseño de estas ayudas, superficialmente comentadas con los agentes sociales, hurtadas del debate político, alejadas de las necesidades reales del tejido productivo y ausente de consultas con las comunidades autónomas “evidenciando lo poco que le importa el territorio y lo poco que le importan los españoles”.