El Partido Popular pide la residencia legal para recibir la ayuda autonómica complementaria al IMV

Zaragoza, 20 de octubre de 2021.- Ampliar el número de beneficiarios y la cobertura de un insuficiente Ingreso Mínimo Vital (IMV) tanto por la cuantía media de la ayuda como por las severas limitaciones impuestas por el Gobierno Sánchez para su percepción, son las razones que llevaron al Partido Popular a secundar la aprobación, el pasado mes de mayo en el Parlamento autonómico, de la conocida como prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital.

Un apoyo con reservas parciales de los populares a determinados artículos traducido en abstenciones porque, como por aquellas fechas explicó Marian Orós, portavoz de Ciudadanía del Partido Popular, si bien ofrecía una red de seguridad a miles de familias vulnerables que los Ejecutivos de Sánchez y Lambán habían debilitado por la muy deficiente gestión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), también generaba dudas en determinados aspectos de su aplicación.

Dudas del Partido Popular que el Gobierno autonómico ha acrecentado ahora con el desarrollo legislativo de la norma, a través de la publicación el pasado viernes de un decreto, que ha provocado la presentación por parte de los populares de una enmienda formal a la Ley que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.

La modificación, sustanciada a través de una proposición de ley para su debate en un próximo pleno de la Cámara aragonesa, afecta directamente a los artículos 3.1 y 7.7 donde los populares quieren que se incluya la condición expresa de ‘residencia legal’ a la ya existente de ‘residencia efectiva’ como requisito obligado para recibir la prestación autonómica. Una condición que el texto original de la ley no incluía y que el Gobierno aragonés se comprometió a incorporar en el decreto de desarrollo, y así consta en el borrador de trabajo, aunque finalmente no lo corrigió.

El texto de mejora propuesto hoy por Orós aporta “certidumbre, transparencia y seguridad jurídica a los beneficiarios de esta ley” porque “clarifica quienes pueden ser beneficiarios de la prestación aragonesa complementaria”, pero además resaltó que “es importante que esta prestación aragonesa complementaria se ponga en marcha y además se haga con todas las garantías de que sea clara, de que sea accesible, de que sea rápida y desde luego que genere seguridad para esos beneficiarios que son las familias españolas y las familias inmigrantes con residencia legal”.

La confusión, falsas expectativas e incluso la intranquilidad social generada por las lagunas existentes en los diferentes textos normativos del Gobierno aragonés referidos a estas ayudas autonómicas requieren la modificación de la ley, resaltan los populares, por lo que “planteamos que se incorpore el término legal al de residencia. Es decir, para poder ser beneficiario de la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital hay que ser residente legal y efectivo en Aragón y en España”.

Además, el texto final de la norma suscrita por el Ejecutivo autonómico calificado por los populares de “demasiado ambiguo, demasiado rebuscado, demasiado farragoso”, abre la puerta según la diputada popular a posibles impugnaciones lo que podría provocar “el bloqueo o la dilatación de la gestión para esas personas que sí que lo pueden tener” y en este punto lamentó el retraso de año y medio del Gobierno aragonés en poner en marcha esta medida “teniendo en cuenta que estamos ante una de las mayores crisis sociales de la historia de este país y de esta comunidad”, así como “el fracaso del Ingreso Mínimo Vital” que en Aragón ha llegado a 8.600 perceptores cuando existían cerca de 40.000 solicitudes, según los últimos datos facilitados al Partido Popular.