Susín pide bajar el impuesto de patrimonio a las clases medias y el Gobierno de Aragón lo rechaza

Zaragoza, 25 de noviembre de 2021.- Reducción de la carga fiscal que sufren las clases medias aragonesas en el impuesto de patrimonio, una de las más altas de España, es la propuesta al pleno del Parlamento autonómico planteada esta tarde por el Partido Popular pero rechazada por PSOE, Podemos, CHA y la abstención del PAR.

Carmen Susín, portavoz de Hacienda de los populares aragoneses, llevó al debate de la Cámara una iniciativa para que el Gobierno de Aragón presentara una ley que rebajara hasta los 700.000 euros el mínimo general exento en el impuesto de patrimonio. Planteaba además aumentar ese margen hasta los 800.000 para las personas con discapacidad psíquica en grado igual o superior al 33 % y a discapacitados físicos o sensoriales en grado igual o superior al 65 %, y elevar la bonificación del 99% hasta 800.000 euros para contribuyentes con discapacidad en patrimonios especialmente protegidos. Por último, proponía la bonificación completa a los patrimonios formados por inversiones en empresas o activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo.

“Al final no estamos pidiendo más que se aplique en Aragón lo que el señor Sánchez aprobó en Madrid. Esta reforma es suya, así que no vamos más allá de lo que Sánchez ha legislado y por lo tanto lo que les pedimos hoy, aquí, es simple y llanamente coherencia”, manifestó la diputada.

La capacidad para aprobar las mejoras en Patrimonio, recordó Susín, depende de los gobiernos autonómicos al tener cedida la gestión de este impuesto desde el año 2001, pero en el caso de Aragón lejos de bonificar, reducir o no subir este impuesto el Partido Socialista lo aumentó un punto por encima de lo que fijó el propio Gobierno de España en su ley de presupuestos para 2021.

Ejemplos concretos de la diversidad normativa en la aplicación general del decreto son los casos de Galicia, Cantabria, Canarias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid que han equiparado la cuantía del mínimo exento a los 700.000 de la normativa estatal, mientras que Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana lo redujeron a 500.000 euros. En el extremo más punitivo para las clases medias se encuentra Aragón donde están obligados a declarar todos los contribuyentes con bienes por un valor superior a los 400.000 euros. Con la propuesta del Partido Popular esa exención de carácter general se elevaría hasta los 700.000 euros.

El impuesto de patrimonio establece además especificaciones para casos concretos como es el caso de las personas con discapacidad psíquica, física o sensorial y aquí también es notable la discriminación que sufren los contribuyentes aragoneses, explicó la diputada. Andalucía fija en 700.000 euros la cuantía del mínimo exento aplicable a sujetos pasivos discapacitados en grado igual o superior al 33 %, mientras que Extremadura varia lo aplicable a discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales en función del grado de discapacidad, y la Comunidad Valenciana establece en 1.000.000 de euros el mínimo exento aplicable a discapacitados psíquicos en grado igual o superior al 33 % y a discapacitados físicos o sensoriales en grado igual o superior al 65 %. El Gobierno de Aragón, otra vez de manera discriminatoria, únicamente permite una bonificación del 99% hasta 300.000 para contribuyentes con discapacidad en patrimonios especialmente protegidos.

Estas especificidades negativas que aplica la coalición integrada por PSOE, Podemos, CHA y PAR en la regulación de esta figura impositiva “coloca a los aragoneses en una posición de clara desventaja frente al resto de contribuyentes españoles por lo que es necesaria una profunda reforma del impuesto sobre el patrimonio que corrija esta situación injusta”, reiteró Carmen Susín.