Orós acusa al Gobierno aragonés de ofrecer peores servicios en Dependencia que la media española

Zaragoza, 26 de noviembre de 2021.- Tuvo que recordar Marian Orós a la consejera de Ciudadanía su responsabilidad al frente del Departamento en el año 2021, no en 2015, dada la permanente afición de la titular de esta área del Gobierno a hablar de lo realizado por otro Ejecutivo hace seis años, en lugar de responder por sus acciones.

La interpelación de la portavoz de Ciudadanía del Partido Popular en el pleno de control al Gobierno venía tras su reflexión sobre la gestión general de la dependencia por parte del Gobierno de Aragón y, en particular, sobre plazas residenciales vinculadas a la dependencia que dejan en mal lugar uno de los supuestos hitos sociales de la coalición de izquierdas en Aragón.

Los datos describen, igual que sucede en todas las comunidades autónomas, que cada vez hay más personas dependientes atendidas. La diferencia radica en que el Gobierno de Aragón prioriza la autorización de prestaciones a personas con grado leve frente a la atención a las grandes dependientes, que son los que más la necesitan, “porque lo que ustedes quieren es rebajar las listas y vender que hay menos dependientes pero se olvidan de la calidad de las prestaciones y de los servicios que en el fondo es lo que importa”, anotó Orós, y las estadísticas del Observatorio de la Dependencia le dan la razón con un 15% menos de gasto por dependiente del Gobierno Aragón durante cuatro años consecutivos respecto a la inversión media del conjunto de las Administraciones regionales.

Tampoco saca nota la coalición integrada por PSOE, Podemos, CHA y PAR, al contrario suspende, al compararla con otros gobiernos y analizar individualmente el gasto por prestación económica reconocida: 30 euros por debajo de la media para los perceptores de Grado I y 40 euros por debajo para los de Grado II y Grado III, “y este año la partida la congelan, por lo tanto entiendo que seguirán siendo las mismas cantidades por debajo de la media”, lamentó Orós. Idéntico nivel de parquedad económica registran las prestaciones del Ejecutivo aragonés vinculadas a la prestación del servicio: 187 euros en Aragón frente a los 553 de la media española en las ayudas a domicilio, 428 euros en Aragón ante los 530 que el conjunto de las Administraciones regionales otorga para pagar una plaza residencial, o 279 euros frente a los 475 de la media española para cubrir los gastos por la asistencia a los centros de día.

El último ejemplo lo centro Orós en la población aragonesa mayor de 65 años que se ven obligados a vivir en una residencia, “ahora ya no se cortan. Han decidido que ni el mayor ni la familia van a decidir a qué residencia van a llevar a esa persona si no que ustedes lo van a imponer”, independientemente de la cercanía de su lugar habitual de residencia o de sus familiares.

Recordó que el 70% de las residencias son gestionadas por entidades de iniciativa social o mercantil que en muchas ocasiones mantienen contratos con la Administración autonómica para proveer las plazas residenciales que la Consejería no tiene, “y en este caso y en este momento estas residencias están desesperadas y están desprotegidas” señaló, porque “no pagan (la Administración regional) en tiempo y forma, no contratan nuevas plazas, todas reconvertidas, ni una ayuda por la COVID-19”, pero además esos contratos han olvidado el impacto económico negativo de la pandemia sobre estos centros, la subida de los costes de la energía y personal y, en general, del coste de la vida “y todos estos factores repercuten de manera directa a dificultar la sostenibilidad de la red residencial aragonesa para personas mayores dependientes”, concluyó la portavoz popular de Ciudadanía.