Orós urge al Gobierno a superar su retraso con el futuro modelo de tutela de mayores

Zaragoza, 1 de diciembre de 2021.- El Partido Popular pidió hoy al Gobierno de Aragón detalles concretos sobre el futuro modelo de atención a las personas tuteladas que prepara. Más de 900 mayores de edad se encuentran bajo la figura jurídica de la tutela y otras 350 amparadas por la curatela en la comunidad autónoma.

Este requerimiento fue presentado por la portavoz en esta área del Partido Popular, Marian Orós, que lo traslado a la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) cuya comparecía ante la Comisión de Ciudadanía del Parlamento autonómico tenía como origen una petición de los populares. Pretendía la diputada popular conocer la decisión del Ejecutivo de adaptar el actual soporte jurídico a un nuevo marco a través de la creación de la Fundación Tutelar de Aragón, que permitirá a la Administración mayor autonomía en la toma de decisiones. Lejos de exponer con cierto detalle el proyecto inmediato para este grupo de población vulnerable, la representante del Departamento de Ciudadanía optó por describir generalidades y no aportar compromisos concretos.

De la intervención de la responsable del Ejecutivo en materia de tutela la diputada popular obtuvo tres conclusiones: la Fundación Tutelar del Gobierno de Aragón no estará en funcionamiento el uno de enero de 2022 porque el Departamento de Ciudadanía aún tiene el proyecto en estado de borrador, no existe una previsión inmediata de refuerzo de personal pese a la elevada carga asistencial que actualmente sufren los trabajadores sociales que atienden a estas personas y a las nuevas obligaciones previstas y, por último, los responsables gubernamentales tampoco han contemplado cómo conjugar la importante colisión jurídica que surge entre el derecho foral aragonés y el derecho procesal respecto a la protección legal del tutelado.

Orós situó el puntal de la prestación de este servicio en la dedicación de los trabajadores sociales, “agradecer el trabajo de los profesionales, un trabajo ingente, ocho profesionales con una ratio de 121 personas atendidas es una barbaridad y es muy difícil que aun siendo absolutamente implicadas, que se creen esto y que además lo hacen desde el cariño porque conocen a las personas y su trayecto vital, es imposible que se pueda dar un buen servicio”, y que además deben luchar contra un presupuesto que en líneas generales permanece estancado.

Tampoco desveló la representante del Gobierno aragonés durante su comparecencia cómo solventará las nuevas obligaciones para las Administraciones autonómicas derivadas de la reciente reforma de la ley civil y procesal en el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su competencia jurídica que, recordó la parlamentaria popular, significará un refuerzo de personal adicional al que ya se precisa debido a que la ley amplía el margen de decisión de las personas tuteladas y, por lo tanto, requerirá mayor implicación y disponibilidad de unos trabajadores sociales que ya sufren una considerable presión asistencial.

La última tarea que debe acometer el Ejecutivo es solucionar la “disonancia jurídica” entre el reconocimiento de la figura de la incapacitación en el derecho civil aragonés con la regulación estatal cuyo carácter es supletorio, si bien en materia procesal la competencia es estatal “y por tanto se produce una disociación o una falta de armonización que obviamente va a tener que ser subsanada porque si no queda al albur del juez o quedan lagunas jurídicas que yo creo que en el fondo producen inseguridad y producen cierta desprotección”.

Marian Orós señaló ser partidaria de una modelo de colaboración público-privada, a través de las entidades sociales, en el funcionamiento de la Fundación Tutelar de Aragón frente a la alternativa cien por cien pública anunciada por el Gobierno, debido a las experiencias negativas surgidas en otras comunidades autónomas donde la Administración ha excluido cualquier participación externa. El sistema de concertación, tal y como defiende el Partido Popular, está operativo y obtiene mejoras significativas en la atención a los tutelados en regiones como Castilla-la Mancha, Castilla y León, País Vasco y Cataluña.