El Partido Popular insta al Gobierno de España a que retire el anteproyecto de ley que regula la derogación de incentivos a la contratación de personas con discapacidad

Los populares consideran que sin las bonificaciones e incentivos se resentirá la inclusión sociolaboral de estas personas.

23 de noviembre de 2022.- El grupo municipal del Partido Popular ha presentado para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento de Teruel una propuesta instando al Gobierno de España a retirar el anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad por resultar altamente perjudicial para el empleo de las personas con discapacidad.

El empleo es uno de los grandes pilares de la inclusión al constituir una de las referencias básicas de la integración de una persona en la sociedad y el elemento que le permite la independencia para su desarrollo. En este sentido, los populares turolenses destacan especialmente la labor que llevan a cabo los centros especiales de empleo, que facilitan la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, y contribuyen a su empleabilidad en un entorno abierto, inclusivo y accesible, prestando a los trabajadores con discapacidad apoyos personales, sociales y laborales.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España residen unos 4,5 millones de personas con discapacidad, pero sólo uno de cada cuatro tiene empleo. El anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Economía Social deroga muchos de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad, afectando a empresas ordinarias y a centros especiales de empleo.

“Sin las bonificaciones e incentivos existentes en la actualidad, la reducida tasa de ocupación de este colectivo será incluso peor, afectando negativamente a la autonomía de estas personas”, argumentan los populares, señalando que esta propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social supone “un serio desafío al modelo de empleo de las personas con discapacidad, vigente durante más de cuarenta años y basado en el principio de una atención especializada consagrada en el artículo 49 de la Constitución española.

Para los populares, “la mejor política para asegurar la inclusión es el empleo”, por lo que ante esta reforma consideran que “la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad se resentirá de forma inmediata, debido a la pérdida automática de puestos de trabajo, los cierres de los centros especiales de empleo y la falta de prestación de servicios ya en marcha”.