Yolanda Sevilla ha anunciado el voto favorable a la iniciativa de Ciudadanos sobre los trabajadores autónomos.
28 de febrero de 2023.- El Gobierno de Aragón mantiene una deuda con los centros formativos de Educación Secundaria y Formación Profesional que está poniendo en serias dificultades la labor docente, perjudicando notablemente a los alumnos y también afectando a las actividades formativas regladas. Una realidad que para los representantes del Partido Popular en la Diputación de Teruel debe corregirse “urgentemente”.
El portavoz del Partido Popular en la institución provincial, Carlos Boné, ha criticado esta situación y ha exigido celeridad a la hora de remediar este “sinsentido”. “El impago a los centros de secundaria y Formación Profesional no se puede prolongar más”, ha asegurado en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria, a la que ha comparecido en compañía de la también diputada, Yolanda Sevilla.
Como ejemplo de la situación en la que se encuentran estos centros, Boné ha apuntado al frío que están padeciendo los alumnos en las propias clases, incluso llegando a tener que vestir abrigo en el propio aula; o también a la incapacidad, por falta de fondos, para realizar actividades regladas en ciclos como el de actividades físico deportivas.
Por todo ello, el portavoz de los ‘populares’ ha recalcado que el texto registrado por la formación insta al pago “inmediato” de esas cantidades, ya que “los únicos que están perdiendo son los alumnos”, que “ven perjudicada su formación y su futuro”.
BENEFICIAR A TODOS LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
La diputada del Partido Popular, Yolanda Sevilla, ha anunciado también el voto favorable de la formación a la propuesta presentada por Ciudadanos y relativa a los trabajadores autónomos, que en la provincia ascienden a 5.224 personas. Una postura favorable para que la nueva normativa “beneficie al 100% de los profesionales acogidos a este régimen y no solo al 62%”.
Para la representante del PP, la realidad que se ha vivido en este asunto es un “fiel reflejo” de la manera de proceder del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, al que “no le gusta que legisle el poder legislativo y prefiere que lo haga el ejecutivo”. Buena prueba de ello es que “pasará a la historia como el presidente que más decretos ley ha aprobado”.
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