Violencia de género

El PP exige al PSOE que rectifique por equipararles con los asesinos de mujeres.


  • La diputada socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, situó al PP del lado de “aquellos que ponen en riesgo la vida de la mujeres”
  • Marín pone a Broto frente a las contradicciones e incumplimientos del Gobierno Lambán

12/03/2018 - Cortes de Aragón

El PP exige al PSOE que rectifique por equipararles con los asesinos de mujeres.

Cortes de Aragón, 12 de marzo de 2018.- El Partido Popular de Aragón ha exigido esta mañana a la diputada socialista en el Congreso Ángeles Álvarez, que retire su afirmación de que “no habilitar los fondos (para violencia de género en los presupuestos generales del estado de 2018) significa ponerse del lado de aquellos que ponen en riesgo la vida de las mujeres”. La parlamentaria del PSOE realizó estas declaraciones durante un encuentro en Zaragoza al que también asistió la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.


Hoy la diputada del PP al Congreso, Pilar Cortes, la parlamentaria autonómica responsable del área de Mujer, Ana Marín, y el portavoz popular de Justicia en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, han denunciado la utilización de la ‘política basura’ por parte de los socialistas en un asunto que “en el Partido Popular, siempre hemos mantenido que debe concitar el máximo acuerdo posible así como la no instrumentalización de las víctimas, y con sus falsas acusaciones el PSOE ha roto ese acuerdo”, declaró Marín.


La diputada nacional Pilar Cortes, que durante los últimos meses ha participado en la comisión parlamentaria del Congreso para impulsar el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, manifestó su sorpresa por el viraje dialéctico de los socialistas hacia la difamación. “El interés de todos por conseguir un consenso y un bien superior que es luchar contra la violencia de género ha presidido todas y cada una de nuestras sesiones hasta que hemos logrado llegar a ese pacto”, y añadió que la diputada socialista “sabe que hay una partida económica asegurada, comprometida”, bien a través de la aprobación ordinaria de los Presupuestos Generales del Estado o a través de la aprobación por el Consejo de Ministros de un Decreto para financiar el pacto.


Para Ana Marín se trata de una “desvergüenza moral” que las afirmaciones de la diputada del PSOE en el Congreso no fueran corregidas por la consejera aragonesa responsable del área, María Victoria Broto “que no sólo calló, sino que además arremetió contra el Gobierno de España, y eso es hacer política basura”. La portavoz popular situó a la consejera ante sus propias contradicciones “por no poner en marcha ni una sola de las medidas del Pacto, o porqué en el proyecto presupuestario del Gobierno aragonés para 2018 se bajó la partida presupuestaria para prevenir la violencia de género de 150.000 euros a 55.000”, o por su incapacidad de gestionar el dinero que viene del Estado para la atención a mujeres maltratadas, o por mantener bloqueada en las Cortes de Aragón la ponencia parlamentaria sobre igualdad.   


Por último, el portavoz de Justicia de los populares en el parlamento aragonés, Fernando Ledesma, expuso varios ejemplos de lo contradictorio que significa que la consejera Broto criticara al Partido Popular cuando el Gobierno de Javier Lambán o no ha ejercido parte de las competencias que le corresponden o apenas las ha iniciado. En primer lugar el conflicto originado por el Gobierno de Aragón al cambiar el modelo de gestión del servicio de atención a mujeres maltratadas, cuya tramitación y resultados fueron criticados por distintos sectores sociales. En segundo lugar por no consignar ni un solo euro en el proyecto presupuestario de Aragón de 2018 para el desarrollo de la Ley de Garantía Jurídica Universal, que obliga a dotar con ayudas el asesoramiento legal de las mujeres víctimas de violencia. Y en tercer lugar por la negativa del PSOE, refrendada hoy en la Comisión Institucional, a respaldar una propuesta del PP para mejorar la formación y las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia que tramitan los casos de violencia de género, aunque finalmente la propuesta salió adelante con el apoyo de otros grupos.