Personas mayores

El PP reclama eliminar la discriminación en el pago de las plazas públicas en residencias


  • El Gobierno de Aragón mantiene dos fórmulas para baremar la cuota en los centros de mayores dependiendo de su fecha de ingreso en la residencia
  • Ana Marín propone en las Cortes igualar las aportaciones para evitar agravios ante la prestación de un mismo servicio

15/05/2018 - Cortes de Aragón

El PP reclama eliminar la discriminación en el pago de las plazas públicas en residencias

Zaragoza, 15 de mayo de 2018-. El Partido Popular propondrá al Gobierno de Aragón que iguale las aportaciones económicas que deben realizar las personas que disfrutan de una plaza pública residencial y, de esta manera, evitar la discriminación que sufren dependiendo de la fecha de su ingreso en un centro de mayores.

Ana Marín, portavoz popular de Asuntos Sociales, defenderá en el pleno de las Cortes de Aragón del próximo jueves una proposición no de ley que plantea una sencilla modificación normativa en la Orden del Departamento de Ciudadanía que especifica la baremación utilizada para el pago de las cuotas en las residencias. 
Actualmente en la Administración autonómica conviven dos fórmulas de aportación. Si la persona mayor accedió a una plaza residencial entre junio de 2013 y mayo de 2016 paga más que si ingresó a partir de esa fecha. La razón es que los primeros se rigen por una Orden de 2013 más estricta que la aprobada en 2016, pues además de hacer el cálculo del pago en base a la pensión, añadía otros conceptos como el patrimonio. Una segunda diferencia es que con la normativa de 2013 se actualizaba cada año la aportación del usuario dependiendo de las posibles variaciones, generalmente a la baja, en su patrimonio. Es decir, si el patrimonio se reducía también se reducía la cuota mensual. La Orden de 2016 eliminó esa actualización. 

La remodelación normativa aprobada hace dos años por actual Ejecutivo, tiene la virtud de exigir menos aportación a los pensionistas, del 90% al 80%, pero sin embargo tiene la desventaja de no contar con la posible pérdida anual de su poder adquisitivo. Ni siquiera establece una revisión para hacer un cálculo actualizado y por lo tanto más justo. Y solventar esa discriminación es precisamente lo que planteará Marín mediante la aplicación de la retroactividad a la Orden de mayo de 2016.

El Partido Popular no dispone del dato concreto del número de personas afectadas, del que debería informar el Gobierno de Aragón, pero si tiene constancia de la existencia de esta desigualdad y de que se está produciendo un agravio comparativo que ha llegado hasta El Justicia de Aragón, y por ello defenderá en la Cámara autonómica ese cambio para que la Orden de 26 de mayo de 2016 se aplique con carácter retroactivo y todos los usuarios paguen, bajo una misma baremación, por unos mismos servicios.