Justicia

El PP propone mejorar la ley para que el Gobierno de Lambán pueda actuar en el caso iDental


  • Fernando Ledesma, portavoz popular de Justicia, presenta una modificación de la norma autonómica que permitiría al Ejecutivo personarse como acusación popular
  • La ley podría entrar en vigor antes de que termine 2018

13/09/2018 - Cortes de Aragón

El PP propone mejorar la ley para que el Gobierno de Lambán pueda actuar en el caso iDental

Zaragoza, 13 de septiembre de 2018-. Una simple modificación legislativa permitiría al Gobierno de Aragón defender en los tribunales los intereses de los aragoneses ante actuaciones similares a la que sufren los afectados de iDental. Y eso es lo que esta mañana propuso el Partido Popular al Gobierno de Javier Lambán.

La iniciativa de los populares, presentada por su portavoz de Justicia en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, consiste en la introducción de un nuevo artículo en la ley aragonesa de defensa de los consumidores que permitirá al conjunto de las administraciones públicas ejercer la acción popular en procedimientos penales, cuando afecten a una amplia pluralidad de consumidores. El caso iDental, con cerca de 800 denuncias formuladas ante los juzgados aragoneses, cumple estos requisitos. 

El diputado registró un texto que bajo la figura de proposición de Ley inicia ahora su trámite parlamentario, y cuya aprobación definitiva no debería demorarse antes de final de este año. “Nuestra intención es mejorar la defensa de los consumidores y usuarios aragoneses ante los fraudes masivos, fraudes que afectan a cada vez mayor número de personas, cada vez son sistemas de fraude más sofisticados en el que las consecuencias son más graves”, explicó. 

Ledesma recordó que la ley aragonesa de defensa del consumidor, aprobada en 2006, identifica con claridad a un tipo específico de consumidores y usuarios merecedores de especial protección debido a la gravedad, injusticia y dificultad en la reparación del daño que puedan sufrir.

Sin embargo la norma autonómica no contempla que las administraciones puedan ejercer la acción penal -lo que se conoce como acción popular-, como herramientas para mejorar la protección de los afectados, y “así el Gobierno de Aragón podría acusar y formar parte formalmente de un procedimiento penal contra los responsables de las estafas, o de una estafa masiva”, aclaró.

Si bien es cierto que los consumidores cuentan con la actuación de la Fiscalía, el diputado del Partido Popular consideró que “el papel procesal penal que desarrollan las administraciones públicas concretas ocupa un prisma distinto a la labor que tiene el Ministerio Fiscal”, y puso como ejemplo los casos de violencia sobre las mujeres donde el Gobierno de Aragón sí puede personarse ante los tribunales en defensa de la víctima.

La modificación legislativa propuesta por el Partido Popular es novedosa en el ámbito autonómico, pues ninguna Comunidad contempla aún la posibilidad de que su Ejecutivo o alguna administración pública pueda ejercer la acusación popular en procedimientos penales en materia de consumidores y usuarios.