Recurso inconstitucionalidad Ley derechos históricos

Beamonte: “Aragón es un candado de seguridad para España, y Lambán ha cedido la llave a los populismos y a los nacionalismos”


  • El presidente del PP de Aragón defiende la Constitución y el Estatuto frente al intento de Lambán de saltase la legalidad 
  • La norma permite modificar la denominación de la Comunidad Autónoma y el escudo aragonés, y premia la independencia política en asuntos como la hacienda foral y los derechos históricos

 


08/10/2018 - Partido Popular de Aragón

Beamonte: “Aragón es un candado de seguridad para España, y Lambán ha cedido la llave a los populismos y a los nacionalismos”

Madrid, 8 de octubre de 2018-. “Aragón es un candado de seguridad para España, y lo que hace el presidente del Gobierno de Aragón con esta ley es ceder la llave a los populismos y los nacionalismos en algo tan serio como es la unidad de nuestro país”, afirmó esta mañana Luis María Beamonte tras presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso a la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, aprobada el pasado 28 de junio en las Cortes regionales.

Ante las puertas del Alto Tribunal, Luis María Beamonte afirmó que el texto promovido por PSOE y CHA “no tiene más misión que contentar a los socios del Partido Socialista en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, de Chunta Aragonesista; que satisfacer a sus pseudosocios de Podemos, y vestirse de un aragonesismo fingido que precisamente no es lo que tienen”, y añadió que la ley es “una vulneración evidente de conceptos fundamentales” al hacer prevalecer los derechos históricos de un territorio sobre la Constitución española.

El líder de los populares llamó la atención sobre la ruptura de la organización territorial que esconde algún artículo de la norma, que –recordó– cuenta con el “respaldo del PNV más radical”, y recalcó que es “desafortunada en los momentos que estamos viviendo” porque “cede la llave a los populismos y a los nacionalismos en algo tan serio como es la unidad de nuestro país.”

UNA LEY A CONVENIENCIA DE PSOE, CHA Y PODEMOS

El pasado 28 de junio PSOE y CHA, con el respaldo de Podemos, Izquierda Unida y el PAR, aprobaron en las Cortes de Aragón la conocida como Ley de Derechos Históricos. Ya entonces los populares denunciaron que el voto afirmativo del PSOE a una norma marcadamente inconstitucional y anti estatutaria, como así lo advirtieron los letrados de la Cámara regional, era el pago de Lambán a CHA por el apoyo de los nacionalistas al Ejecutivo autonómico. Una factura ejecutada, aseguró el PP, contra algunos principios básicos del Estatuto de Autonomía de Aragón que a partir de ese momento quedaba vulnerado, sin que los socialistas hicieran nada por impedirlo.

Con la nueva ley el Gobierno de Lambán podrá modificar la denominación de la Comunidad Autónoma y el escudo de Aragón, además le permitirá ejercer el reconocimiento legal de la identidad política, institucional y jurídica propia e ‘independiente’ del pueblo aragonés, la potestad para poseer un régimen financiero propio así como una Hacienda foral y a elevar los derechos históricos por encima de la Constitución. La norma también modifica las competencias aragonesas en la Ley de aguas, cambia la participación de la Comunidad Autónoma en el Archivo de la Corona de Aragón, elimina los elementos de lealtad institucional con el Estado y de convivencia para sustituirlos por la bilateralidad, 

En el plano del Derecho, la ley aprobada a iniciativa de PSOE y CHA es, a juicio del Partido Popular, una suma de ‘chapuzas normativas’ contra varias leyes. En primer lugar contradice la Constitución en su artículo 81 respecto al rango y elaboración de las leyes, también choca contra el 147 en lo que atañe al contenido del Estatuto de autonomía, y olvida la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Pero además de violentar la ley fundamental del ordenamiento jurídico español el texto impulsado por los socialistas y nacionalistas aragoneses contraría al Derecho comunitario, ya que obvia la primacía normativa de Bruselas sobre el derecho estatal y estatutario. El tercer ataque de la Ley de derechos históricos se produce contra diez artículos del propio Estatuto de autonomía aragonés, algunos de los cuales pretende modificar por la puerta de atrás cuando el procedimiento para cambiarlos debería ser una reforma estatutaria.