Justicia-Sanidad

El PP lleva al Pleno la defensa de los afectados de iDental


  • Fernando Ledesma propondrá al Gobierno de España regular qué empresas sanitarias pueden utilizar el término ‘social’ 
  • También plantea que el Ejecutivo de Lambán pueda ejercer la acción popular ante los tribunales

06/11/2018 - Cortes de Aragón

El PP lleva al Pleno la defensa de los afectados de iDental

Zaragoza, 6 de noviembre de 2018-. El Partido Popular defenderá en la sesión plenaria que las Cortes de Aragón celebran esta semana, dos iniciativas de respaldo a los damnificados por la estafa de iDental. Tal y como explicó esta mañana el portavoz popular de Justicia de los populares aragoneses, Fernando Ledesma, las propuestas parlamentarias tienen una doble finalidad, “mejorar la defensa legal de los afectados ante el procedimiento judicial y, en segundo lugar, prevenir la aparición de casos similares mediante una remodelación de la Ley General de Sanidad de 1986.”

Potenciar la defensa de los intereses de los perjudicados por iDental pasa, entre otras cuestiones, por ampliar las herramientas jurídicas disponibles y por eso Ledesma propone al pleno de la Cámara a través de una Proposición de Ley, introducir un nuevo artículo en la ley aragonesa de defensa de los consumidores para que el Gobierno de Lambán pueda ejercer la acción popular en determinados procedimientos penales cuando afectan a una amplia pluralidad de consumidores, y el caso iDental con cerca de 800 denuncias registradas en los juzgados aragoneses cumple estos requisitos.

La segunda propuesta del diputado popular evitaría la utilización arbitraria del concepto ‘social’ por parte de empresas del sector sanitario. Para explicarlo, Ledesma ha mostrado el video promocional realizado por la compañía de servicios dentales donde el término ‘social’ es utilizado en numerosas ocasiones como argumento publicitario, porque según dijo Ledesma “lo que buscan es esa imagen social para explicar, para vestir esa estafa y tratar de hacer creíble lo que en realidad ha sido una estafa perfectamente orquestada y perfectamente diseñada.”

En el caso de esta iniciativa las Cortes transmitirían al Gobierno de España, que es el competente, la necesidad de desarrollar la Ley General de Sanidad para determinar las condiciones y requisitos mínimos, básicos y comunes, exigibles para que una actividad sanitaria pueda ser certificada de alto interés social.

“Es urgente que el Gobierno de España regule, vía Real Decreto, desarrollando la Ley general sanitaria, las actividades sanitarias privadas con carácter social”, afirmó Ledesma, que ilustró lo que actualmente sucede con un ejemplo concreto cuando dijo “hoy en día, en España, es más difícil vender un producto diciendo que es de denominación de origen cuando realmente no lo es, o es más difícil vender en España un zumo de naranja que no sea cien por cien de naranjas exprimidas cuando realmente no lo es, que montar una cadena de clínicas dentales con el marchamo social para estafar a miles, o decenas de miles, o centenares de miles de españoles.”

Pese a que el artículo 91 de la Ley General de Sanidad de 1986 prevé que las actividades sanitarias privadas con alto carácter social sean reguladas por un Real Decreto, 32 años después no hay ninguna norma estatal aprobada al respecto lo que provoca vacíos jurídicos que son utilizados para la comisión de delitos a gran escala como está siendo el caso de iDental.