Justicia

Los afectados de iDental consiguen el respaldo de las Cortes


  • Dos propuestas del PP harán posible mejorar la defensa legal y prevenir el fraude ante casos similares 
  • Ahora corresponde al Gobierno Lambán informar a los damnificados si se personará como acción popular

 


08/11/2018 - Cortes de Aragón

Los afectados de iDental consiguen el respaldo de las Cortes

Zaragoza, 8 de noviembre de 2018-. El Partido Popular consiguió esta mañana el respaldo de las Cortes de Aragón a dos propuestas legislativas en defensa de los afectados por la estafa de iDental. Por un lado se mejora la acción legal de los damnificados ante el procedimiento judicial y, por otro, se inician los trámites para que el Gobierno de España desarrolle determinados aspectos aún no desarrollados relativos a la prevención de delitos contemplados en la Ley General de Sanidad.

La primera iniciativa aprobada actúa sobre el ordenamiento jurídico aragonés puesto que habilita al Ejecutivo de Lambán a intervenir como acción popular en el procedimiento que se sigue contra iDental. En su intervención el portavoz popular de Justicia, Fernando Ledesma, recordó que la ley aragonesa de defensa del consumidor, aprobada en 2006, identifica con claridad a un tipo específico de consumidores y usuarios merecedores de especial protección debido a la gravedad, injusticia y dificultad en la reparación del daño que puedan sufrir. Sin embargo la norma autonómica no contemplaba hasta hoy que las administraciones pudieran ejercer la acción penal -lo que se conoce como acción popular-, como herramienta para mejorar la protección de los afectados. Tras el refrendo de esta mañana el Gobierno de Aragón está facultado para acusar y formar parte del procedimiento penal.

Esta modificación es novedosa en el ámbito autonómico, pues ninguna Comunidad permitía la posibilidad de que su Ejecutivo o alguna administración pública pudiera ejercer la acusación popular en procedimientos penales en materia de consumidores y usuarios.

La segunda propuesta del PP, que también ha contado con el respaldo de la Cámara autonómica, implica que las Cortes de Aragón trasladarán al Gobierno de España, que es el competente exclusivo a la hora de determinar qué empresas pueden obtener el certificado de ‘alto interés social’, la necesidad de desarrollar la oportuna legislación para determinar los requisitos mínimos, básicos y comunes, exigibles para que una actividad sanitaria pueda obtener la certificación de ‘social’.

Pese a que el artículo 91 de la Ley General de Sanidad de 1986 prevé que las actividades sanitarias privadas con alto carácter social sean reguladas por un Real Decreto, 32 años después no hay ninguna norma estatal aprobada al respecto lo que provoca vacíos jurídicos.

Este hecho no es menor como destacó Ledesma a los diputados, pues recordó cómo los promotores empresariales de iDental buscaron una “imagen social para explicar, para vestir esa estafa y tratar de hacer creíble lo que en realidad ha sido una estafa perfectamente orquestada y perfectamente diseñada”, por lo que la modificación legal que se plantea servirá como cortapisa de bloqueo y prevención ante prácticas deshonestas.