#PlenoAragón

Susín plantea al Gobierno un nuevo presupuesto para adecuarlo a la COVID-19


La portavoz de Hacienda del PP advierte al Ejecutivo que la convalidación exprés del Decreto-Ley para modificar las cuentas públicas sin participación ni transparencia rompe el consenso de la estrategia aragonesa frente al covid
Denuncia que el Gobierno se blinda para evitar informar sobre las partidas que recortará y las nuevas obligaciones que contraerá

25/06/2020 - Cortes de Aragón

Susín plantea al Gobierno un nuevo presupuesto para adecuarlo a la COVID-19
Zaragoza, 25 de junio de 2020.- La aprobación por parte del Gobierno de Aragón de un Decreto-Ley para dar soporte presupuestario a la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica significará sacrificar la mayor parte las partidas presupuestarias que el Ejecutivo tenía consignadas para inversiones y subvenciones. Los más de 500 millones anunciados saldrán de reordenar el actual presupuesto autonómico, pero en ningún caso significan aportaciones extraordinarias ni del Gobierno de Pedro Sánchez ni de la Unión Europea.
 
Este cambio radical del objeto presupuestario es lo que otorga fuerza argumental a la propuesta defendida esta tarde por la portavoz de Hacienda del Partido Popular en las Cortes de Aragón Carmen Susín, que planteó aprobar un nuevo límite de gasto no financiero para el ejercicio 2020 y, en consecuencia modificar y adaptar la ley de presupuestos vigente para el actual ejercicio al nuevo techo de gasto y a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19, “un Decreto-Ley no puede sustituir a un presupuesto emanado de estas Cortes. En primer lugar, ese presupuesto es una ley que sale de este Parlamento y es a este Parlamento a donde debe volver para ser debatido”, expuso. Sin embargo, los partidos que sustentan al Ejecutivo prefirieron optar por el camino más corto, aunque también el más opaco y sin participación externa que les moleste.
 
El problema que supone la nueva norma legislativa que pretenden aprobar PSOE, Podemos, PAR y CHA es que elimina los controles de la oposición sobre el gasto público, es decir suspende la transparencia, pero además pretende construir una alternativa a una situación excepcionalmente grave que demanda respuestas excepcionales sobre unas cifras de partida que hace tiempo quedaron descuadradas tanto en ingresos como en gastos. 
 
Además, nadie salvo el Gobierno sabe cuál es la base presupuestaria de la cantidad planteada por el Ejecutivo, “leíamos que se iban a destinar 510 millones de los presupuestos del año 2020. ¿De dónde salen?, en el anexo de ese decreto simplemente se recogen varias subvenciones directas. ¿Tenemos que entender que esos 510 millones son palabra de Dios? ¿es un dogma de fe?” preguntó para poner de manifiesto la ausencia de cifras y datos, de partidas de origen y de destino en el texto legislativo que el Gobierno pretende aprobar.
 
La diputada popular consideró además que mantener en el mes de junio los fundamentos de unas cuentas que no contemplaban una caída del PIB regional por encima del 10% para 2020, un aumento del desempleo del 20%, un déficit de la Administración autonómica superior a los 400 millones de euros y la obligación de un préstamo a corto plazo de 1.406 millones de euros es, como mínimo, condenar a los aragoneses a pagar un aumento sustancial de la deuda durante varias décadas.
Carmen Susín insistió en el más que deficiente punto de partida de las cuentas autonómicas en el momento de su aprobación en diciembre de 2019 con ingresos inflados, gastos ocultos y ninguna medida efectiva para controlar un déficit que ya durante el año 2018 sobrepasó los 120 millones de euros y triplicó esta cantidad en 2019 hasta alcanzar los 386 millones antes del ajuste de Contabilidad Nacional que podría incrementarlo a los 400 millones, en cualquier caso superando ampliamente los límites legalmente establecidos. 
 
En consonancia con el caudal de confianza depositado por los partidos y organizaciones sociales al respaldar la Estrategia Aragonesa de recuperación Social y Económica reiteró al Gobierno de Aragón su obligación de buscar y alcanzar un consenso sobre las prioridades presupuestarias reales que permitan el primer paso para hacer frente a la situación de debilidad sanitaria, de empleo, económica y social y alerto de las consecuencias negativas de la decisión unilateral del Ejecutivo, “con esta situación o se aprueba un nuevo techo de gasto o, además de una crisis económica y social vamos a tener que hacer frente a una deuda que se nos puede hacer inasumible y lastrar futuras legislaturas”.