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Orós denuncia el retraso del Gobierno en aplicar la ley de la discapacidad


Tras veinte meses desde su aprobación en el Parlamento el Ejecutivo presidido por el PSOE ni siquiera ha redactado los desarrollos reglamentarios de la norma 
La portavoz popular de Ciudadanía llama la atención sobre la situación desfavorable de los aragoneses con discapacidad, aumentada por la COVID-19 

23/10/2020 - Cortes de Aragón

Orós denuncia el retraso del Gobierno en aplicar la ley de la discapacidad
Zaragoza, 23 de octubre de 2020.- Si las afecciones del coronavirus a la población en general están siendo severas, mayores consecuencias están provocando a las personas con discapacidad intelectual. Es lo que Marian Orós puso de relieve esta mañana en el pleno de las Cortes de Aragón para reivindicar al Gobierno regional un compromiso cierto y determinado para poner en marcha la ley autonómica sobre discapacidad aprobada en el año 2019 por el Parlamento aragonés, pero con la mayoría de sus medidas aún pendiente de desplegar por parte del Ejecutivo.
 
Más de veinte meses ha retrasado la coalición presida por el PSOE para iniciar los trámites de constitución de una comisión integrada por los distintos departamentos de la Administración autonómica que desarrolle el texto legislativo, “esta es la prueba que demuestra que esto de la transversalidad e integralidad queda muy bien en los discursos, pero que en la práctica son incapaces de ponerlas en marcha, de coordinarse entre departamentos, de desarrollar los reglamentos y las acciones y planes. En definitiva son incapaces de dar valor y contenidos” dijo Marian Orós a la consejera de Ciudadanía, para evidenciar la extrema lentitud del Gobierno simplemente para redactar, que no aplicar, los reglamentos.
 
Pendientes de ponerse en marcha por el Ejecutivo están la estrategia para la educación inclusiva, un plan específico de empleo, un diagnóstico integral sobre accesibilidad, otro plan integral para mujeres con discapacidad, otro más de salud bucodental o abrir el desarrollo normativo a la participación social.
 
No es de recibo acusar de este retraso al coronavirus, como hizo la consejera de Ciudadanía en respuesta a la diputada popular, “porque yo entiendo que la pandemia todo lo cambia, pero un desarrollo reglamentario es una parte más jurídica, una parte que se puede hacer por teletrabajo, es una parte que incluso se puede hacer por correo electrónico. Es decir, todo el trabajo previo se puede hacer. No es lo mismo atender in situ a una persona y a esos 9.000 que están esperando a que se les valore su grado de discapacidad. Pero esto se podía haber ido trabajando y se paralizó con la pandemia”.
 
La desilusión de los aragoneses que sufren algún tipo de discapacidad y de sus familias va en aumento, aseguró la diputada, porque “la pandemia, en esto como en todo, no ha hecho más que agudizar sus carencias”, y aludió a la “situación límite” que atraviesan los centros que atienden a este amplio grupo de personas “que debido a la COVID-19 han incrementado sus gastos más de un 30% en la compra de EPI, refuerzo de personal, desinfección o planes de contingencia y que el Gobierno ha dejado a su suerte con su nula aportación”.
 
La portavoz de Ciudadanía del Partido Popular anunció que, a través de una propuesta legislativa que registrará próximamente, comprometerá la palabra del Gobierno de Aragón con el desarrollo normativo de la ley pero sobre todo con su aplicación para hacer efectiva e implantar todos los efectos de la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad.