#PlenoAragón

El PP reclama mantener los juzgados de paz y los registros civiles en los pequeños municipios


• La portavoz popular adjunta Mar Vaquero, alerta ante la entrada en vigor de una ley estatal que suprime estas oficinas

• Resalta el papel vertebrador en el territorio y su valor en la prestación de un servicio público básico

• Anuncia la presentación de una propuesta legislativa para el mantenimiento de estas oficinas en Aragón


13/02/2020 - Cortes de Aragón
El PP reclama mantener los juzgados de paz y los registros civiles en los pequeños municipios    title=

Zaragoza, 12 de febrero de 2020.- Defender el territorio, reivindicar a los aragoneses que viven en los pequeños y medianos municipios no sólo es cuestión de mejores carreteras, facilitar el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y de bienestar. Es también impedir que desaparezcan las oficinas de los registros civiles y juzgados de paz.

Esta mañana, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón la portavoz adjunta del Partido Popular, Mar Vaquero, preguntó al Ejecutivo aragonés sobre la supresión de este servicio, más de 230 oficinas en la Comunidad Autónoma, como consecuencia de la entrada en vigor el próximo 30 de junio de una ley estatal.

La contestación de la consejera de Presidencia no disipó las dudas al admitir, en primer lugar, que la Administración autonómica no se encuentra preparada para ese cambio y, a continuación, al reconocer que el Ministerio de Justicia no ha anunciado un aplazamiento en la entrada en vigor de la ley.

La desaparición prevista de estas oficinas en los pequeños y medianos municipios españoles es consecuencia directa de una norma aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 2011 a propuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero, para actualizar el modelo de Registro Civil a la Constitución de 1978. El problema no es la ley, que Vaquero consideró positiva, sino que como muchas otras normas legales aprobadas en aquella legislatura se cerró en falso al carecer de la dotación presupuestaria para poner en marcha la digitalización y las aplicaciones informáticas necesarias. Desde entonces, sólo el Partido Popular, en 2017 y en 2019, ha reclamado adaptar la Ley del Registro para mantener estos servicios judiciales en los pequeños municipios.

Mar Vaquero puso en valor estas oficinas por cumplir con funciones tan relevantes como ofrecer seguridad jurídica sobre la propia existencia de las personas y, al mismo tiempo, como instrumentos de cohesión territorial dada la dispersión de los núcleos de población, la distancia entre ellos y la diferente situación en cuanto a las dotaciones de infraestructuras tecnológicas. Fue la reclamación al Gobierno aragonés de apoyo institucional a una prestación básica del sistema judicial para la denominada ‘España vaciada’ que Vaquero defendió renombrar como ‘España de las oportunidades’, y que identificó como “una herramienta de vertebración que sirve para acercar, para identificar, para garantizar un servicio público más ágil y más cercano a los aragoneses” donde subrayó por su relevancia el papel administrativo que presta el Registro Civil.   

Además, compartió la preocupación de los alcaldes y de los funcionarios responsables de la prestación de este servicio por el aumento de la incertidumbre a medida que pasan los meses al afirmar “no sabemos cuáles son las intenciones actuales del Ministerio de Justicia, porque el Sr. Sánchez es obvio que ha tenido otras prioridades y otras preocupaciones y aún no sabemos qué es lo que va a pasar”. El caso aragonés, además, posee la particularidad de la “gran brecha digital” existente entre el medio rural y el urbano, y la supresión de las oficinas a finales del próximo mes de junio no garantizaría la igualdad de oportunidades en la obtención de un documento oficial o certificación. 

Para conocer el grado de compromiso del Gobierno de Aragón con los registros civiles la portavoz de Institucional adelantó a la Cámara que el Partido Popular presentará una propuesta legislativa que “garantice el mantenimiento de los juzgados del paz, de esas oficinas registrales que garanticen la accesibilidad a un servicio público y gratuito que es fundamental”, así como el reconocimiento de los funcionarios de Justicia que prestan su servicio en estas instalaciones.