COVID-19

“Pedir a los ayuntamientos que cedan su remanente al Estado es invitarles a que se peguen un tiro en el pie”


  • El grupo del PP en la DPZ considera “inaceptable” y “ruinoso” que se proponga a los municipios que aporten su superávit con la excusa de inyectarles liquidez
  • Los alcaldes tildan de “robo” la medida y sugieren cambios en la ley que les permitan disponer del dinero que han logrado ahorrar con su buena gestión​

16/07/2020 - Diputación Provincial de Zaragoza
“Pedir a los ayuntamientos que cedan su remanente al Estado es invitarles  a que se peguen un tiro en el pie”    title=
16 julio, 2020.- El plan del Gobierno central para que las entidades locales cedan, voluntariamente, el remanente que llevan años acumulando, ha causado un rechazo frontal entre los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza. Esta medida, que el Estado plantea bajo la excusa de “inyectarles liquidez”, supone que los municipios harán de facto de banco del Estado y le prestarán el dinero que llevan años acumulando y que no se les ha permitido gastar. El borrador del documento prevé que se les devolverá el 35% de lo prestado en dos años (unos 5.000 millones) y el resto hasta en diez. 
 
El grupo del PP en la DPZ va a elevar una moción para instar al Gobierno de España a no seguir adelante con este empeño y espera que todos los Ayuntamientos la aprueben. “Pedirles que financien al Estado con estas condiciones y con las dificultades que están sufiendo por la Covid es invitarles a que se peguen un tiro en el pie”, denuncia el portavoz del PP en la DPZ, Francisco Javier Artajona. “Nuestros alcaldes nos han manifestado que lo consideran un robo y una manera torticera de interpretar la ley que, de nuevo, olvida las necesidades del medio rural”, lamenta. 
 
De hecho, muchos invitan al Estado a que modifique la legislación en vez de utilizar este tipo de “coladeros”. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a las entidades locales a tener equilibrio presupuestario e impide a los ayuntamientos acceder directamente a los fondos. Pero el complejo mecanismo que propone ahora Hacienda permite al Ministerio realizar dos ingresos no financieros que no computarían como desviación de los ayuntamientos, sino del Estado. El resto de los remanentes, hasta 15.000 millones, se reingresaría en diez años. 
 
“Este plan no respeta la autonomía ni la realidad de cada municipio y es tan intervencionista que supone una falta de lealtad con miles de ayuntamientos, muchos de ellos en el mismo Aragón vacío que llena sus discursos en campaña”, lamentan desde el PP. “Si los alcaldes y regidores del PSOE, como el presidente de la DPZ, tienen dignidad, rechazarán también de frente esta decisión por injusta y porque además deja a los pies de los caballos a quienes están endeudados”, lamentan. 
 
Otro problema es que los ayuntamientos tampoco podrían invertir este dinero en las áreas que considerasen oportunas, sino que tendrían que seguir los criterios que marca el Estado: vivienda, urbanismo y cultura.